El abogado Raúl Avero, que representa a cinco de los trabajadores despedidos, señaló que “el 218 no se aplica en este caso porque Sidecreer es una sociedad anónima, por lo cual está excluido de la administración pública provincial.” Y agregó que “este error fue reconocido por Sidecreer, por lo cual ofrecen pagar la indemnización. Si son empleados públicos, el estado los puede echar a través de un sumario administrativo. Hacer ese reconocimiento expreso, de pagar una indemnización, lo cual consta en el expediente administrativo que tramita la Dirección de Trabajo, deja claro que fueron mal despedidos”, dijo el abogado.
Cabe recordar que el decreto 218 impone dejar sin efecto “todos los actos administrativos en el período comprendido entre el 1º de enero al 10 de diciembre de 2003, que hayan producido designaciones en la Planta Permanente de cargos de la administración pública provincial.” En el artículo 3º, hace extensiva la aplicación a los empleados de los “organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del estado.”
