Al justificar el retroceso en la medida de fuerza, Mario Barrios, secretario general del Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA), comentó que los trabajadores no querían “víctimas”, puesto que 40 de ellos anteriormente habían recibido telegramas de despido. “Son 40 compañeros que están en una situación límite y que pueden ser despedidos, y son 40 familias que después no podemos mantenerlas”, graficó el gremialista.
“La gente me pide que levante la medida por que no quiere tener víctimas. Vamos a seguir haciendo lo que la gente nos dice porque esa es la gente que nos apoya y nos dio el 80 por ciento de los votos en la última elección”, recordó Barrios, quien destacó en LT11: “Ahora tenemos que sentarnos a hablar con la empresa, donde vamos a tratar de hacer un acuerdo en el que se comprometan a no tocar a nadie y que nos paguen el día perdido”.
El STIA era el único que no había firmado el acuerdo al que llegaron la Federación de Trabajadores de la Alimentación y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), a fines de marzo, y que fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Reclamaban un incremento salarial del 25 por ciento y 400 pesos no remunerativos por única vez, pero la empresa no quiso negociar.
Hasta la asamblea en el club Lanús, llegó Roberto Domenech, presidente del CEPA, que explicó la posición de la megaempresa de la familia De Grazia e invitó a los trabajadores a hacer una “reflexión”, según LT11. “Nunca nos va a alcanzar y los comprendo, pero los invito a recomponer la situación, porque en verdad estas cosas van generando heridas que después cuestan mucho cicatrizar”, advirtió.
Domenech, además, aseveró que la empresa no estaba en condiciones de dar el 35 por ciento de aumento reclamado en una sola cuota, sino que lo haría en forma escalonada, tal como se había acordado entre el CEPA y la Federación.
Granja Tres Arroyos, que emplea a 1200 personas en Concepción del Uruguay, siendo el más importante dador de puestos laborales de la región, es la mayor industria avícola del país, exporta la mayor parte de su producción en moneda estadounidense, además de recibir millonarios subsidios y exenciones por parte del gobierno nacional.
En tanto, el STIA, integrante de la oficialista Confederación General del Trabajo (CGT) recibió la solidaridad de la seccional del departamento Uruguay de la Corriente Nacional Agustín Tosco de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que encabeza localmente Orlando Sosa.
En un comunicado enviado a El Miércoles Digital, ‘la Tosco’ manifestó su “total y absoluto repudio” hacia la megaempresa que “con actitudes ancladas en las peores y anacrónicas políticas laborales del neoliberalismo, pretende afrontar y resolver un conflicto genuino que tiene que ver con la demanda de mejores condiciones salariales”.
Expresaron su “solidaridad y apoyo hacia los compañeros trabajadores del frigorífico y sus justas demandas”, y su “profunda preocupación sobre el criterio que toma la empresa en un contexto de ganancias extraordinarias para la misma y que, sin embargo, intenta profundizar su crecimiento en función de no mejorar el salario sus empleados”, recalcaron desde la Tosco.
Además, denunció que no se permite a los trabajadores realizar asambleas en los lugares de trabajo y que Barrios tiene la entrada a la planta prohibida, “lo que constituye una absoluta violación a la libertad sindical y a los derechos laborales comprendidos en la Constitución Nacional y sucesivas legislaciones sobre este tema”.
Reclamaron a la mayor faenadora del país que negocie los salarios, y “respeto” hacia los representantes gremiales y a las “normativas laborales y sociales nacionales e internacionales”.
Quieren que el Ministerio de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, sea el “árbitro” en la resolución del conflicto y que “observe y sancione las prácticas persecutorias y discriminatorias por parte de la patronal de la empresa”.
