El caso fue paradigmático, ya que uno de los acusados era un trabajador rural correntino con frondoso prontuario y esto puso en evidencia las falencias en la contratación de gente para el trabajo en las quintas de la zona.
Días atrás Chajarí se vio empapelada por afiches que reclamaban “Justicia por Lela”. La alusión era hacia Nelida Masetto de Pinto, una mujer de 60 años que en el almacén familiar que tenía en Colonia Belgrano, fuera violentamente asaltada y asesinada el 21de noviembre de 2005. El hecho fue esclarecido rápidamente, en menos de 48 horas de acometido el crimen, personal policial a de la Comisaría de Chajarí –en ese entonces a cargo de Alejandro Moschen- ya tenia detenidos a los únicos dos sospechosos del hecho. Posteriormente, se los procesó (había mas de 80 elementos probatorios de la autoría de los mismos) y se los condenó. Eran un correntino oriundo de Paso de Los Libres llamado Sebastián Cañete y el chajariense Ramón Insaurralde. Ambos recibieron la sentencia de “prisión perpetua” en 2007, pero por –y esto es el motivo del reclamo de familiares- “errores en los tramites burocráticos” del Juzgado de Instrucción de Chajarí a cargo de Edgardo Redruello detectados por el Superior Tribunal de Justicia, (observaron la incompatibilidad que había en el hecho de que ambos acusados tuvieran el mismo abogado defensor cuando entre ambos se acusaban) hicieron que todo lo actuado en la causa original fuera anulado. De todas formas, el abogado querellante, el concordiense Rafael Briceño, habló de “responsabilidades compartidas” entre el STJ “que debió ser más explícito” con relación a los actos en que cabía la nulidad y el Juzgado de Instrucción, por no reproducir los actos y pruebas pertinentes.
Así entonces, el lunes de la semana pasada comenzó el segundo juicio, pero fue nuevamente anulado en observación de los derechos de los imputados. Sin embargo, hay expectativas en que el desarrollo del nuevo juicio pueda verse nutrido de las pruebas y testimonios que en un primer momento sirvieron para lograr la condena de los dos sujetos en cuestión. En este momento, la causa se está tramitando en Chajarí, es decir, volvió al punto de partida donde se inició todo. Los imputados permanecen detenidos.
Un caso paradigmático.
El crimen de “Lela” Pinto marcó encendió en aquel entonces una polémica en torno a la falta de controles de las personas que se traen a trabajar en la zafra en la región. Uno de los imputados por el hecho, el correntino Claudio Sebastián Cañete, había venido de Paso de Los Libres y sujeto tenia antecedentes por diversos ilícitos. Fue a partir de ese dato surgido posteriormente de acaecido el lamentable homicidio, cuando se puso en el tapete el tema de la falta de responsabilidad de productores o contratistas de la zona a la hora de hacer identificar debidamente en sede policial a quienes traen de otras ciudades para practicar labores rurales en la región.
Ese tema en particular –además del crimen en si- motivó una movida que, en un principio, haría que contratistas y empresarios –mayormente- citricolas aseguraran un compromiso mayor tanto en la contratación de obreros. Sin embargo, a casi tres años del incidente, y poco se ha hecho al respecto.
