“Es una decisión que permitirá ir hacia un ordenamiento territorial de inmuebles que son propiedad del Estado, sobre todo en la zona de islas del Delta”, expresó la secretaria de Ambiente de la provincia, Daniela García.
“Es una muestra clara de un cambio de paradigma en cuanto a la perspectiva ambiental y la defensa de los recursos naturales”, agregó al dar a conocer la noticia que se concretó con la publicación del 3005/22, firmado por el gobernador Bordet.
La norma establece que la Dirección de Administración de Tierras Fiscales pasará a depender de la Secretaría de Ambiente, con sus competencias, bienes patrimoniales, presupuesto asignado y el personal.
La decisión radica en que un gran número de inmuebles administrados por esa Dirección son islas y anegadizos que se encuentran ubicadas en zonas que integran el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, cuyo organismo de aplicación es la Secretaría de Ambiente.
Además, García dijo que “algunos de esos inmuebles han sido intrusados por particulares y se han producido otros hechos ilícitos como son los incendios, lo cual implica una situación que el Estado debe hacer cesar y/o impedir que se produzca en el futuro”.
