Como se sabe, el fallecido juez Claudio Bonadio se dedicó a dividir la causa de las fotocopias al punto que llamó a siete indagatorias en un día a Cristina Kirchner. Uno de esos capítulos, apartado del expediente principal, fue el referido a la obra pública vial. La acusación es que una gran cantidad de empresarios se repartían las licitaciones, acordando entre ellos -en el marco de la Cámara de la Construcción- quién ganaba cada obra y a qué precio. Desde hace 40 años existe la sospecha de existencia de esa cartelización de la que participó de forma prominente el Grupo Macri, su fundador, Franco y su hijo, Mauricio. Es más, en el procesamiento se incluye a Angelo Calcaterra, el primo de Macri, y el que se quedó con la empresa constructora del grupo, aunque ese pase de manos nunca quedó claro. Respecto de los funcionarios, la imputación es que los empresarios pagaban una coima para sostener ese reparto ilegal de la construcción de rutas. Por eso, Cristina está acusada de cohecho pasivo, es decir de haber cobrado coimas, aunque no existe ninguna evidencia, no lo declaró ningún arrepentido de que se le haya entregado dinero a la exmandataria.
La mayor fuente de esta causa, como arrepentido, fue el financista Ernesto Clarens. En su declaración, Clarens sostuvo que las empresas dedicadas a la obra vial le entregaban dinero a él y que él se lo trasladaba a José López, el de los bolsos en el convento. También le llevó plata a Daniel Muñoz, el fallecido secretario de los Kirchner, al que se acusa de tener sociedades aparecidas en Panamá Papers, cuentas en Andorra y propiedades en Estados Unidos. La forma de vincular a Cristina con el expediente fue que, según Clarens, concurrió a entregarle dólares a Muñoz al hall del edificio donde vivía la ex presidenta antes de 2003 y donde vive después de dejar la Casa Rosada en 2015. El financista dijo que nunca vio ni conoció a CFK.
Según declaró el encargado del edificio, ni Cristina ni Néstor Kirchner estuvieron nunca en ese departamento a lo largo de los 12 años que estuvieron en Olivos. En cambio concurría Muñoz porque supuestamente retiraba la correspondencia. El encargado dijo que lo vio con bolsos, pero que no sabe qué contenían. Con esos elementos, Bonadio igual le adjudicó la coima a la ahora vicepresidenta.
Un dato que pinta los métodos de este expediente, el accionar del fallecido magistrado y de los camaristas Bruglia y Bertuzzi es que en el procesamiento se incluyó a Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, de Electroingeniería. Ambos eran adversarios de la Cámara de la Construcción, pero se los metió porque Clarens -que tuvo que ir ajustando su relato- dijo que «creía que ellos aportaban dinero», aunque nunca pasó por él.
