Los organismos de derechos humanos de Paraná nos reunimos ayer con el procurador general de la Provincia, Jorge García, y en horas de la tarde con la ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, para manifestarles nuestra preocupación ante el incremento inusitado de los casos de apremios ilegales, vejámenes, torturas y abuso de autoridad de parte de funcionarios pertenecientes a la Policía de Entre Ríos, que tuvo su máxima expresión en el homicidio del joven Gabriel Gusman en el barrio Capibá de Paraná.
En este sentido, ante la ministra de Gobierno, volvimos a repudiar la actitud del jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, quien realizó declaraciones justificatorias a priori, sin tomar conocimiento de las precisiones del caso, recibiendo a uno de los policías comprometidos en el homicidio. Por lo que consideramos importante y necesario que Romero haya solicitado prudencia hacia el jefe de la Policía y haya repudiado una "celebración" luego de la liberación de los agentes policiales, cuando se había perdido la vida de un entrerriano.
Asimismo, Romero coincidió con nosotros en la necesidad de la modificación de la Ley Provincial N°3815, que establece el régimen de contravenciones o faltas, para que se concrete la creación de una Justicia de Faltas Provincial; que se separe de una vez por todas a la Policía administrativa de la investigación de delitos con la adecuada implementación de los investigadores fiscales como determina el Código Procesal Penal de Entre Ríos; que las comisarías no sean más lugar de detención, habilitándose alcaidías en las principales ciudades de la provincia para la detención, y que se amplíe la alcaidía de Paraná a fin de que no se detengan personas en la conocida por represiva Comisaría Quinta.
Finalmente, ante la ministra reafirmamos el rol de los organismos de Derechos Humanos, quienes ejercemos una función social de velar por los derechos de las personas, sea cual fuere su condición social, sexual, económica, religiosa, étnica o penal. Por lo que no se trata de una búsqueda de "equilibrio" entre las Fuerzas de Seguridad y los Derechos Humanos, sino de la vigencia irrestricta de un Estado de Derecho que garantice el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la sociedad en su conjunto.
En ese marco la ministra Romero compartió nuestro análisis de la apremiante situación económica y social que atraviesa el país, de la cual Entre Ríos no está exenta y cuyas consecuencias históricamente se traducen en mayores niveles de pobreza y violencia social. Y ante la preocupación manifestada por los antecedentes históricos referidos a la crisis del 2001, la funcionaria y todo su equipo se comprometieron a instruir directivas precisas a las fuerzas de seguridad para el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos de la población.
Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre Ríos (AFADER)
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) Paraná
Asociación de Ex Presos Políticos y Exiliados de Entre Ríos La Solapa
