Entre los fundamentos, se señala que: “esta situación nos obliga a tomar las medidas de seguridad a los fines de salvaguardar tanto a los concejales, asesores, colaboradores, empleados y vecinos que vienen al Concejo. Se considera necesario e imprescindible que se coloquen cámara de seguridad en la entrada y los pasillos, requerir la acreditación de toda persona que ingrese ante el personal de seguridad municipal, horario de ingreso, nombre y apellido, documento de identidad y con quien solicita audiencia”.
Cresto sostuvo que decidió hacer la denuncia por asesoramiento de sus colegas y de los abogados del municipio y porque “a cualquiera de los que conformamos este cuerpo nos puede ocurrir”. De todas formas, dijo que conocía a quienes había acudido a su oficina. “Y mirando a la cámara les dijo que no les tengo miedo”, indicó. “Y no por ser gallito ni mucho menos, sino que cuando uno accede a una banca debe dejar de lado los miedos cuando trate o toque intereses personales, sobretodo monetarios”, indicó.
También manifestó su solidaridad con Cresto su par Daniel Cedro (Una-Frente Renovador), quien señaló que “se ve un lobby muy importante” de las empresas relacionadas con la pirotecnia. “Se han tocado intereses. Por eso vimos el año pasado dos amparos que se perdieron y por eso estamos hoy frente a una acción de inconstitucionalidad en la Justicia federal respecto de este mismo tema”, señaló. Además, sostuvo que los actores locales están haciendo de “puente” para que desembarquen las cámaras de pirotecnia en la ciudad.
Además, Cedro dijo que el lobby está preocupado por “mal informar” a la población. Por ello, pidió al secretario de Gobierno municipal, Marcelo Benedetto, salir a aclarar a los medios que sigue vigente la ordenanza que prohíbe la pirotecnia. De hecho, en una reunión mantenida ayer con vendedores, les manifestaron que tenían entendido que se podía lanzar fuegos de artificio que no fuesen ruidosos. “La prohibición abarca todo”, indicó.
Ese punto fue retomado por el concejal Esteban Benítez UCR-Cambiemos) quien indicó que en un diario matutino local se “desinformó” al señalar que estaba permitido el uso de la pirotecnia. En tanto, Carola Laner (Una-Frente Renovador) fue contundente al señalar que era “inadmisible discutir todas las sesiones el mismo tema”. Y dijo que estaba asombrada del título “mentiroso” utilizado con el objetivo de “desinformar y engañar” a la población (“La pirotecnia se puede usar y vender en nuestra ciudad”). De hecho, recordó que en el Concejo atendieron a los directivos del diario varias veces y les concedieron varios beneficios.
En tanto, Alberto Armanazqui, presidente del bloque del PJ, recordó que cuando se sancionó la normativa atacada por los vendedores de pirotecnia desde un primer momento, recibieron un telegrama “bastante amenazante” donde les sugerían que se abstuviesen de votar esa iniciativa. En ese sentido, dijo que siguieron esa línea acudiendo a todos los eventos posibles para ofrecerles pirotecnia a los fines de violar la ordenanza. “Hay un lobby económico muy importante”, dijo, pero dejó en claro que no van a dar “el brazo a torcer”.
La concejal Magdalena Reta de Urquiza (Cambiemos) indicó que el bloque apoya la resolución de repudio y están en contra de cualquier expresión de violencia. “En este caso, en el caso del concejal Amadeo Cresto pero podría ser cualquiera de los otros concejales”, indicó.
