En la oportunidad, se escucharon los informes de los equipos técnicos del oficialismo y del Frente para la Victoria sobre los costos de la prestación y se resolvió elevar los resultados al Departamento Ejecutivo Municipal para su consideración.
Donadío aclara que el órgano de monitoreo y control del Sistema Integral del Transporte Urbano (SITU), que integra la Defensoría del Pueblo desde su inicio, no es un organismo resolutivo. Por lo tanto, remarca que nunca pudo haberse determinado un aumento, ni los montos.
Seguidamente, reitera que la posición expuesta por la Defensoría del Pueblo se centra en el derecho de los usuarios ante las deficiencias del servicio.
