El letrado recordó que el juicio se inició cuando fue a visitar a los ex policías a la Unidad Penal N°8 de Federal y se encontró allí con un “panorama inhumano” en cuanto a las condiciones de habitabilidad. “Eran cárceles de máxima seguridad, no tenían respiración, apenas un ventiluz muy chiquito y paredes infectadas con materia fecal. Las condiciones de detención no respetaban ninguna Constitución ni código, ni nada”, afirmó Bacigaluppe y planteó entonces un habeas corpus correctivo. “Eso significa que yo no pretendía la libertad de esas personas sino que corrijan la forma en la que estaban sufriendo la prisión preventiva”, explicó. En ese contexto, recordó el defensor, se determinó que fueran citados a una audiencia en Concordia el jefe de institutos penales, también el juez de garantías Rosi (Carlos Rossi, hoy destituido por el caso de Micaela García) y una serie de funcionarios que fueron declarando.
“Finalmente fue la justicia la que decidió que las condiciones no eran ni adecuadas ni permitidas para un detenido y de manera inmediata se dispuso la detención domiciliara”, recordó Bacigaluppe y agregó que, según sus consideraciones, los sucedido causó un daño moral en esas personas que debía ser resarcido. En función de eso se promovió un nuevo juicio en Concordia y se logró una sentencia, en primera instancia, con una suma de 18 mil pesos para cada ex policía, actualizado desde el año 2014. “Apelamos enseguida porque consideramos que era bajo el número” y luego la Cámara de determinó que el monto que les correspondía era de 100 mil pesos a cada uno, también actualizados desde el 2014
“Ahora estamos esperando a ver si el superior gobierno de la provincia recurre o no esa sentencia, eso va a pasar el miércoles, y entonces quedaría firme o no. Si ellos presentan un recurso entonces habrá que tramitarlo en Paraná”, advirtió
