Dado los tiempos establecidos por el código de procedimientos penales, los 17 funcionarios que fueron detenidos este jueves se encuentran aun en calidad de aprehendidos, y solo después de la declaración indagatoria el fiscal puede solicitar las prisiones preventivas. No obstante, debido a que los argumentos de Guerrero para solicitar esta medida se basan en el concepto de riesgo jurídico, es decir, que la medida tiene por fin evitar que los imputados entorpezcan la investigación, el funcionario judicial se encargó de dar en la audiencia anterior un adelanto de los elementos que fundamentarán dicho pedido.
Según expresó Guerrero en esa audiencia, la fiscalía tiene certificado que los policías rompieron los equipos del sistema de identificación de personal por huellas digitales y lector biométrico, además de robar el CPU donde se almacenan las imágenes de las cámaras de vigilancia que hay en el interior de la jefatura. Por otra parte, el agente fiscal, hizo mención a las amenazas proferidas por algunos de los imputados desde la red social Facebook al delegado local de derechos humanos, y leyó un artículo del diario El heraldo, donde se detallan más expresiones amenazantes y contra el poder político y la prensa.
Un tercer aspecto de la fundamentación de la fiscalía, que será el eje del pedido de prisión preventiva, es el principio de seguridad jurídica para la libre expresión de los testigos, ya que es totalmente imposible, esperar que los testigos digan la verdad de lo que vieron (sobre todo cuando se investiga la instigación policial en los saqueos), si los imputados siguen cumpliendo sus funciones como agentes de seguridad y portando el arma reglamentaria.
Consultado por la fecha de la audiencia, el Juez de garantías Alberto Funes Palacios, afirmó que seguramente será en los primeros días de la próxima semana.
