La crisis de seguridad pública, por falta de efectivos en las calles, ha desatado una ola de violencia con al menos 121 muertos, principalmente en Vitoria, la capital regional, en la que muchos locales comerciales, agencias bancarias y oficinas públicas permanecen cerradas.
El servicio de autobuses, que fue varias veces suspendido por temores a robos de los vehículos, fue retomado gradualmente este sábado en Vitoria, donde unos 2.000 efectivos del Ejército y de la Fuerza Nacional de Seguridad -un grupo policial especializado- patrullan las calles ante la falta de policías.
El secretario de Derechos Humanos de Espírito Santo, Julio César Pompeu, anunció la noche del viernes el acuerdo en una rueda de prensa y aseguró que los agentes que secundaron el paro "no sufrirán sanciones disciplinarias", pero que será la Justicia la que determine si da continuidad a los cargos presentados contra ellos.
La protesta de Espírito Santo se extendió el viernes al vecino Río de Janeiro, en plenos preparativos de los carnavales, donde varios batallones de la Policía Militariza tuvieron protestas en sus puertas de familiares de los agentes y unos pocos efectivos permanecieron acuartelados.
En Belem, capital del norteño y amazónico estado de Pará, también se presentaron manifestaciones similares por parte de los familiares de los policías militarizados, pero como sucedió en Río de Janeiro la gran parte del contingente continúa con sus funciones habituales en las calles
