La entidad que nuclea a jueces y funcionarios judiciales, señala que durante el proceso penal se pudo someter a debate toda la actividad desarrollada por la entonces fiscal, Silvina Cabrera, “sin que verifiquen afectaciones a las garantías de debido proceso y defensa en juicio en tanto que las condenas impuestas fueron confirmadas por las instancias superiores, esto es la Cámara de Casación Penal y la Sala Primera de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia”.
En ese sentido, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, “respalda particularmente la actuación de quien fuera la fiscal del caso, Silvina Cabrera, quien ha sido blanco de las críticas por su labor”. De hecho, desde la entidad señalaron que su trabajo fue sometido a debate y control en tres instancias diferentes, tal como lo prevé la ley vigente, sin que se advirtiera en cada una de las resoluciones dictadas, cuestionamiento alguno a la mencionada.
