«Hace más de 20 años que concurro a las distintas termas de Entre Ríos. Conozco la ruta 14 a la perfección. Lo que me preocupa son las »trampas para recaudar» en la Municipalidad de Ubajay y en Colonia Yeruá en Estancia Grande, con multas fotográficas», contó Carlos Legato, de Ciudad Evita, en una carta a Clarín publicada el 6 de febrero. «En los pocos lugares en que uno se puede adelantar, allí lo espera la Policía. O funciona la »máquina cazabobos»».
Una cuestión de jurisdicción
La polémica pasa por saber quién puede aplicar ese sistema. Hay dos posturas. Una, avalada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, asegura que el control les corresponde a las autoridades federales. Sin embargo, los intendentes de estos dos municipios dicen que pueden aplicar el sistema en rutas nacionales que atraviesan su casco urbano.
«Hay jurisprudencia donde aparece condenado el estado provincial y el municipal por el mal estado de un camino, lo que demuestra que los municipios tienen responsabilidad sobre las rutas», sostiene el abogado Adrián González, de Paraná, quien recibió un poder de ambas comunas para las intimaciones extrajudiciales, otro tormento de los presuntos infractores.
El fallo del Superior Tribunal de la provincia, que data del 18 de abril de 2002, dice: «No está librado a la potestad comunal ampliar su competencia invadiendo la de la Nación o provincia bajo la cosmética de la autonomía, ya que ello traería aparejado una caótica situación». Y define al sistema de fotomultas municipales como «sólo un velo para esconder la finalidad meramente recaudatoria con el objeto de obtener ingresos…»
Baja de accidentes fatales
Los intendentes dicen que la aplicación de fotomultas bajó el nivel de accidentes fatales en la ruta. Aníbal Williman (PJ), el jefe comunal de Ubajay, señaló que «desde que comenzamos con el radar, no hemos tenido más muertes».
Por su parte, Esteban Lladoz (PJ), intendente de Colonia Yeruá, aseguró que «en cinco años, por la velocidad excesiva con que pasan los autos por la zona, tuvimos diez muertos». El mismo argumento usa el abogado González: «El sistema está ideado para preservar la vida de las personas dentro del municipio».
Derecho a la defensa
La cartelería previa indica al conductor que debe bajar primero a 80 km/h y luego a 60, colocada, según los municipios, de acuerdo a las exigencias de Vialidad Nacional. Es uno de los puntos más cuestionados por los automovilistas sancionados.
El sistema funciona en base a la foto del radar, que toma la patente y los datos del infractor. Se labra el acta y se le envía al domicilio. Quien la recibe tiene un mes para pagar, según explican en los municipios. Pero las voces en contra de esta tesitura son muchas. Dicen que se debe detener en el momento al infractor y comunicarle formalmente que será multado, con derecho a realizar un descargo en un plazo de cinco días.
Sin embargo, según el ex diputado nacional Guillermo Corfield (UCR), autor del proyecto de ley de radares, enviar la sanción a posteriori «carece de eficacia preventiva inmediata, pues el conductor del vehículo que transita a exceso de velocidad, en ningún caso es obligado a detener su marcha o a disminuir la velocidad»,
¿Cuánto se lleva la empresa?
Los costos de las multas en Ubajay son, sucesivamente, $ 125,41 en la primera intimación, y $ 143,45 más gastos administrativos (total: $ 170) en las dos siguientes. En la tercera, extrajudicial, actúa el abogado González, quien trabaja en una oficina dentro de Sisteco pero dice que no es empleado de la firma de radares.
Ubajay realiza unas 700 actas mensuales y cobra la mitad, lo que significa $ 30 mil, a dividir entre el municipio y Sisteco. El intendente Williman no quiso revelar cuál es el porcentaje que se lleva cada uno.
