La quiebra de trabajadores públicos “es una situación que se está agravando. Nos llama poderosamente la atención. Se puede estar utilizando como una estrategia que a algún abogado se le puede ocurrir”, dijo Rodríguez Signes al programa Aire de Todos (FM Litoral).
El funcionario relató que los casos de los que toma conocimiento son derivados a la Dirección de Sumarios para que se instrumente un proceso administrativo a efectos de determinar si existe o no algún tipo de irregularidad que amerite sanción.
“Ya hay tres casos concretos. Son pocos todavía, pero van a llegar todos. Existen al menos cincuenta”, agregó
La irregularidad pasaría por una “violación al estatuto del empleado público”, explicó el Fiscal, que podría traer aparajeda como castigo desde un apercibimiento hasta la exoneración.
Sin embargo, matizó el alcance de la situación. “Hay que analizar cada caso en particular. No es lo mismo aquel que está en una situación económica compleja porque tuvo, por ejemplo, que atender una enfermedad, que otras donde uno tiene que pensar que hubo intencionalidad de defraudar a una empresa del Estado como Sidecreer o al Iosper”, dijo.
“No se debe echar mano a la estrategia de pedir la quiebra, porque la Constitución de la Provincia establece determinadas calidades que debe tener el empleado público y, entre otras, no puede estar inhabilitado judicialmente”, precisó.
Lo que hay que determinar es “cuál es el alcance que tiene la Constitución”, alegó; es decir, cómo se interpreta esa inhabilitación que describe, ya que la referencia a la imposibilidad por condena en el ámbito penal se encuentra en otro apartado del texto constitucional.
El caso “puede terminar en cesantía (del empleado). No soy terminante porque cuando a este tema lo conversamos con los demás profesionales de la Fiscalía, encontramos distintas opiniones”, consideró.
Fuente: APF
