En la resolución que fue difundida en la noche del martes, la cartera dirigida por Carlos Tomada «intimó» al gremio a «cesar de inmediato» con la medida de fuerza «bajo apercibimiento de encuadrar dicha conducta como infracción muy grave».
Dicho desacato es el máximo contemplado por el Pacto Federal del Trabajo, consagrado en la Ley 25.212.
Dicha norma contempla que aquellas empresas o sindicatos que incurran en «infracciones muy graves» pueden recibir una multa de entre mil y cinco mil pesos «por cada trabajador afectado por la infracción».
Eso significa que, de concretarse el apercibimiento, Camioneros deberá pagar dicha cifra por cada uno de los trabajadores que adhiere al cese del transporte de combustibles. Si bien el gremio tiene unos 200 mil afiliados, no existen cifras exactas acerca de cuántos miembros tiene dicha rama del gremio.
El sindicato reclama un 30% de aumento salarial. Además, solicita que se elimine o se incremente el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y que se universalicen las asignaciones familiares. Hasta el momento, la cámara empresaria les ofreció un incremento del 21%
