Desde Capital Federal, ministro del Interior, Aníbal Fernández, afirmó que el Gobierno «no tiene otro remedio» que acompañar el reclamo de los pobladores, cuyo férreo rechazo a la puesta en marcha de las fábricas está motivado en la contaminación que se generaría en el río Uruguay y en la zona de influencia. «Cuando usted tiene estudios que dicen que eso va a significar una complicación ecológica a un tiempo vista, tiene que encontrarle una solución alternativa ante los gobiernos», dijo.
Alejandro Gahan puntualizó que «el levantamiento parcial de los cortes es un gesto de buena voluntad que busca iniciar un diálogo con las autoridades para evitar la instalación de las papeleras». Moreira, en tanto, aseguró: «El conflicto es una lucha de un elefante contra una hormiga, pero para peor de males el elefante es corrupto, que son en este caso las empresas de Uruguay, que todo lo compran».
Mientras tanto, el director de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela, ratificó que si se instalan las plantas de celulosa en Fray Bentos, la zona del río Uruguay va a estar “apestada de olor a huevo podrido” en el año 2007, y se quejó por un retaceo de información por parte del gobierno de Tabaré Vázquez.
El fiscal en lo Civil de la República Oriental del Uruguay, Enrique Viana, interpuso una demanda contra el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) por haber autorizado la radicación de la planta de celulosa de la empresa Botnia y pidió que se prohíba su instalación.
