Pasó hace exactamente un año, cuando el entonces juez de Garantías, Mario Figueroa, consideró que un verbo empleado en la imputación a uno de los acusados era incorrecto y originaba una confusión. Estableció que no estaba claro el hecho imputado y por ello ordenó una reformulación de la acusación.
Ayer volvió a ocurrir lo mismo. Esta vez fue Podestá, el juez que ocupó por concurso el cargo que subrogaba Figueroa. Este magistrado consideró que se debía adecuar la imputación a los cinco acusados del mismo delito y luego de ello, una vez que se tomen nuevamente indagatorias a cada uno, se realice una nueva acusación especificando el rol que tuvieron en el hecho investigado.
La audiencia de ayer fue la conclusión de un cuarto intermedio que se había dictado la semana pasada cuando se realizó una audiencia de control de la acusación, donde las partes acusadas revisaron la carga probativa en su contra y formalizaron planteos al Juez de Garantías para que resuelva. Para los abogados defensores, la acusación no estaba bien formulada y pidieron que el fiscal Lisandro Beherán haga una nueva imputación. Una semana después, Podestá hizo lugar a ese requerimiento.
Este revés para la Fiscalía sólo insumirá tiempo, pero no significará para nada caer en un abismo judicial. Cuando la investigación comenzó en el 2016, el por entonces fiscal Sergio Rondoni Caffa (actualmente Juez de Garantías en Federación) imputó al ex intendente de Larroque, Raúl Riganti, y a su secretario de Gobierno Leonardo Hassell del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, pero a medida que la investigación fue avanzando se fueron sumando nombres a la lista de imputados. Entre ellos el secretario de Obras Públicas Juan Carlos Rochelle; el ex secretario de Hacienda Norberto Marchesini; y el directivo de la empresa OIC S.A. Néstor Hereñú, que realizó la obra de asfaltado en supuesto sobreprecio.
Los defensores plantearon la nulidad de la imputación de la Fiscalía porque alegan que los hechos por cuales se los acusa no son claros, no están bien descriptos y no está definido el rol de cada uno. Todos quedaron inmersos en un mismo delito. Ahora, con un nuevo llamado a indagatoria, la Fiscalía tendrá la oportunidad de especificar claramente el grado de participación y responsabilidad de cada uno.
El ex Intendente y sus colaboradores de gobierno están en el centro de una investigación por el sobreprecio de una obra de asfaltado en Larroque cuando estaba al frente de la Municipalidad. Se discute la obra de pavimentación de 14 cuadras por la que se pagó 13 millones de pesos. El sobreprecio que denunció el actual Intendente, Darío Benedetti, sería entre un 100 y un 150 por ciento, y se habría facturado cordones cuneta y badenes construidos por anteriores administraciones municipales.
