“Teníamos razón cuando decíamos que desde el ámbito gubernamental de Entre Ríos no había existido una clara y terminante oposición a la planta de celulosa en Fray Bentos, refiriéndonos tanto al anterior como al actual gobierno provincial, puesto que recién ahora aparece públicamente el pedido a la Cancillería donde se solicita “evitar la construcción de la planta celulósica frente a poblaciones entrerrianas”.
Nuestro objetivo no es polemizar por una cuestión política partidaria sino ocuparnos para dilucidar el porqué de determinadas acciones u omisiones y las consecuencias que las mismas tienen sobre la población.
Y decimos acciones y omisiones por que si ahora el gobierno provincial dice que la cancillería no tiene responsabilidad en ningún acuerdo es peor puesto que estaría incumpliendo con la ley 21.413 en el anexo a) en su art. 7, art 8 y art 9 que establecen los procedimientos a seguir cuando alguno de los dos países, Argentina o Uruguay , proyecta alguna construcción que afecte la calidad de las aguas del Río Uruguay.
Para aclarar más esta situación a la población se establece en su art. 9 que si la parte notificada, en este caso la República Argentina, no opusiere objeciones o no contestare en un plazo de 180 días , la otra parte, la República Oriental del Uruguay podrá realizar o autorizar la obra proyectada.
Pero además, como si todo esto fuera poco también se incumple con la Ley 23.841, de rango constitucional como el anterior, denominada “acuerdo marco sobre el Medio Ambiente del Mercosur” y por si fuera poco tampoco cumple con la Ley 23.829 nuestro gobierno nacional que establece medidas para la prevención de la contaminación del medio acuático del Río de la Plata y Uruguay, producido por sustancias perjudiciales.
Es decir que si hay acuerdo, como ya informó la cancillería a través del jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados de la Nación en el mes de marzo y ahora desaparece, la situación empeora porque significaría no haber actuado a tiempo y por ende se estaría incurriendo por parte de la cancillería, en omisión de los deberes de funcionario público.
En definitiva se está actuando de manera tardía tanto desde el gobierno provincial como desde el gobierno nacional y se está intentando por todos los medios quitarse responsabilidades que son ineludibles en la función pública y que es preferible asumirlas y no mentir.
Ya lo expresó el representante de la cancillería en la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), Darío Garín en una entrevista periodística a un medio radial de la ciudad de Concepción del Uruguay , en la provincia de Entre Ríos que en un momento determinado señaló que “las actuaciones pasaron a los asesores legales de la CARU para que se estudie la posibilidad de denunciar el incumplimiento del tratado del río Uruguay, ante el tribunal de La Haya. La Cancillería evaluó las posibilidades y decidió desistir de denunciar el tema”. A confesión de parte relevo de pruebas.
En definitiva la falta de acción a tiempo por parte tanto del gobierno provincial como nacional y la segura ignorancia que generalmente existe de los problemas del interior, en los ámbitos de una Cancillería, termina afectando al pueblo que es el soberano y es quien da mandato para que se lo defienda.
