“El papel que jugó la provincia de Entre Ríos en este tema ha sido total y absolutamente preponderante, llevando las iniciativas ni bien comenzada la gestión del gobernador Jorge Busti”, en esos términos, Moguilner definió el rol que asumió el actual gobierno provincial a pocos días de iniciar la gestión.
Habló de coherencia y de iniciativa a la hora de enumerar los pasos que concretó en la materia la provincia. Mencionó el acompañamiento que brindó desde un comienzo a los Vecinos autoconvocados y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), remarcó la participación de Entre Ríos (con la presencia del gobernador y el vicegobernador Pedro Guastavino, entre otras autoridades) en la Audiencia Pública que se realizó en febrero en Gualeguaychú con la presencia del embajador Raúl Estrada Oyuela, el Instituto de Tecnología Industrial, los Vecinos Autoconvocados y el delegado de CARU. “Es decir, estuvo todo el espectro y todos los actores en febrero de 2004, donde concretamente el Gobierno provincial planteaba que adoptará acciones directas en este tema porque entendía que era una situación que debía llevar adelante la provincia en torno a los problemas de contaminación del Río de Uruguay”, explicó el funcionario.
En este sentido, “el gobernador Jorge Busti en todo momento tuvo una coherencia en el planteo de que esto generaba un probable potencial de impacto negativo, y en función de esto se remitieron una serie de notas a la Cancillería argentina, a la CARU y al embajador Alfredo Moritán, entre otros, para solicitar informes”.
El funcionario aseguró que “hay cuestiones innegables” de potenciales impactos ambientales negativos al corroborar la presencia de olores y diversos indicios de posible lluvia ácida. No dejó de mencionar los estrictos controles que llevan organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el país europeo.
Luego del viaje a Finlandia, el vicegobernador Guastavino, Moguilner y el diputado Juan José Bahillo brindaron un pormenorizado informe a la comunidad gualeguaychense.
No conforme con esto, y junto al presidente de los Vecinos Autoconvocados, se avanzó sobre la posibilidad de un convenio con la Universidad Nacional del Litoral para hacer una evaluación de impacto concreto por profesionales e ingenieros del Instituto de Tecnología Celulósica (UTC).
El mismo gobernador Jorge Busti estampó su firma en la Declaración de Gualeguaychú que por estas horas suma ya 25.000 adhesiones contra la instalación de la planta finlandesa.
En el plano jurídico, la Fiscal de Estado, Claudia Mizawak, se reunió el fiscal Civil de Uruguay, Enrique Viana, quien oportunamente hizo una presentación ante la instalación de la planta.
Con todo esto en su haber, la provincia está a la espera de una respuesta para poder así avanzar con los estudios técnicos y académicos que se desprenderán de los estudios que se encaren con la UNL. Incluso el mandatario entrerriano solicitó un plazo de 90 días.
