La fiscal de juicio Gabriela Baigún dictaminó hoy sobreseer a todos los imputados de la causa del “Plan Qunita”, tras considerar que a lo largo de la investigación no se logró constatar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública, ni el de abuso de autoridad, en el caso de los exfuncionarios investigados, informaron fuentes judiciales.
Finalmente, dicha fiscal formalizó la presentación este mediodía ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, que ahora deberá determinar si sobresee o no a los acusados y, en consecuencia, si se hace o no el juicio oral y público. La causa del “Plan Qunita” la instruyó el fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien en su momento procesó al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y al exministro de Salud nacional y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, entre otros.
“La nueva prueba colectada en autos en el marco de la instrucción suplementaria y su valoración conjunta con los elementos que se encontraban acumulados al expediente, permiten concluir que, en este caso, ninguna de ambas conductas por las que se promovió la acción penal constituye delito”, sostuvo la fiscal en el dictamen al que accedió Télam.
Recordemos que a partir del caso Qunita, lo que se buscó investigar es si hubo algún tipo de irregularidad en la licitación para la entrega de kits -cunas, chupetes, moisés, entre otros-. Tras llevarse a cabo una pericia, se determinó que no hubo perjuicio a la administración pública ni tampoco una constatación de direccionamiento hacia las empresas que ganaron la licitación. La causa terminó siendo elevada a juicio oral luego de que se mantenga firme la denuncia de Graciela Ocaña sobre los precios de los kits.
En el dictamen presentado, Baigún analizó cada uno de los precios y aseveró sobre “la inexistencia de sobreprecios en la licitación investigada”. A su vez se diferenció de su colega, que también intervino en la instrucción de la causa, Eduardo Taiano y señaló que “no era posible afirmar que las empresas ganadoras de la licitaciones se hubieran hecho de ganancias extraordinarias”. Las empresas en cuestión son: Dromotech SA, Delta Obras y Proyectos SA, Cia. Comercial Narciso SRL y Grupo Diela SRL.
Para cerrar, sostiene: “En esta investigación se acreditó que las seis empresas recurrieron, en muchos casos, a los mismos proveedores para la compra de insumos, me permite sostener que, aunque no contemos con información certera sobre las utilidades de Fasano SRL y Fibromad SA, puede inferirse, fundamente, que estas no pudieron haber sido irrazonables”. En su momento, el juez Bonadio había ordenado destruir los elementos de los kits que pudieran resultar peligrosos para la salud de los recién nacidos, decisión que no llegó a concretarse
