Varios directores de institutos de vivienda de varias provincias plantearon la situación al subsecretario de Vivienda de la Nación, Luis Bontempo. La respuesta fue un pedido de paciencia y la promesa de que pronto se enviarán los fondos.
En los últimos diez días, la Secretaría de Vivienda liberó giros por cerca de 70 millones de pesos, con lo cual descomprimió la situación de algunas provincias y de algunas empresas. Es que muchas obras corrían el riesgo de paralizarse y las empresas podían despedir a sus trabajadores.
El retraso en el giro de fondos para viviendas de la Nación no tiene relación con el color político. Se le adeudan fondos a provincias grandes y también a chicas. El mecanismo de pago de las obras establece que la Secretaría de Vivienda debe girar los fondos a los institutos de vivienda provinciales, quienes a su vez les pagan a las empresas contra la entrega del certificado de obra. Y el retraso actual es de unos 60 a 90 días, aseguran algunos funcionarios provinciales.
La paralización de obras no habría sido una buena noticia para el gobierno de Kirchner. Sabido es que el Presidente fundamenta buena parte de su imagen política en la obra pública y en la reactivación de la construcción como generadora de empleo.
En Entre Ríos, un diputado opositor pidió explicaciones al IAPV (Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda) porque sólo se finalizaron 55 de las 2.444 viviendas comprometidas para este año en los programas Solidaridad y Federal de Construcción de Viviendas.
Plan federal
El gobierno lanzó en 2004 el Plan Federal de Viviendas, que consiste en un programa de construcción de 120.000 viviendas y que para 2006, por caso, tiene un presupuesto de 3300 millones de pesos. En ese plan trabajan unas 2000 empresas constructoras de todo el país, que se beneficiaron con la reactivación del sector.
Pese a las demoras iniciales en 2004, debidos a la falta de organización, experiencia y gestión, el plan tomó impulso en enero de 2005 y se le brindó una gran apertura a las pymes del sector.
Posteriormente, el proceso no estuvo exento de dificultades: la fuerte demanda de materiales generó cuellos de botella importantes; alzas en los precios de la construcción, falta de materiales (ladrillos, madera, entre otros) e incluso hubo incrementos salariales para los trabajadores de la Uocra (19%) que aumentaron los costos.
Ante esa suba de los costos, muchos empresarios también reclaman redeterminación de los precios de las obras que paga el Estado para compensar ese incremento de precios de materiales y de salarios. Pero este reclamo es frenado por Planificación por temor a convalidar la inflación y la indexación en el sector.
Luego surgió el atraso en los pagos, desde marzo último. En Planificación aseguran que obedece a meros ordenamientos administrativos, mientras que algunos hombres del sector privado señalan que el Gobierno quería cuidar el superávit fiscal.
