Los policías también piden al Juzgado que se libren oficios a los restantes juzgados de Instrucción de Concordia como a la Jefatura de Policía local. Por último, solicitan que se libren oficio al Jefe de Policía de la Provincia, a los fines de que remitan la documentación existente en poder de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía, relacionada con la publicación.
Los nombres de los tres policías aparecen en la nota titulada: “La banda de los Comisarios”, aparecida en el semanario Análisis el 10 de noviembre pasado. Un párrafo de la nota señala que: “muchos de esos oficiales, no pueden justificar el patrimonio que ostentan. A uno de ellos una cuenta de 50.000 dólares en un banco del Uruguay; otro tiene un plazo fijo de más de $ 20.000; hay quienes también hicieron operaciones inmobiliarias”.
El primero en presentarse fue el oficial Lucio Villalba, quien el 17 de noviembre presentó un escrito ante Garay, alegando que la nota tiene imputaciones falsas e infundadas, que agreden su buen nombre y honor, y el de toda su familia. El 18 de noviembre hizo lo mismo Fabricius y el 21, D´ambros.
La nota señala que aparece involucrado Villalba, el ahora ex-jefe de Investigaciones de Concordia, “a quien le encontraron una cuenta bancaria en la República Oriental del Uruguay, con unos U$S 50.000. No obstante, no se pudo saber tal dinero mal habido es solamente de él o parte de una sociedad con Martín o algún otro jefe policial que estaba en Concordia”.
En el caso de D´Ambros, la publicación indica que encabezaba un cuerpo de elite, con base en el departamento Islas y con un hombre de confianza en cada departamento. “Tenía suboficiales de Concordia y Colón y patrullaban en autos sin patentes por toda la ruta 14 en inclusive tenían teléfonos celulares, para levantar los puestos policiales”, indica.
Por último, el oficial Fabricius aparece señalado en la nota como uno de los designados por el comisario Héctor Marcolini en Ceibas, “para lograr un absoluto control y asegurar buenos resultados”, en momento en que se profundizaron los asaltos en la ruta 14.
La presentación judicial señala también deja constancia que los uniformados hacen reserva de accionar judicialmente –civil y penalmente- contra el semanario y contra los periodistas que resulten responsables de la publicación.
