Beatriz Caballero de Barabani, jueza rosarina que integra el tribunal, presidió la audiencia y se comprometió a actuar con premura para que se concrete el pedido, se informó a UNO. Junto a ella tendrán a cargo el juicio Jorge Venegas Echagüe y Otmar Paulucci, dado que el Tribunal Oral Federal de Paraná ya intervino en la causa Harguindeguy, donde se abordaron los mismos hechos y de la cual Mazzaferri no formó parte por estar prófugo de la Justicia.
Mazzaferri está acusado por cinco allanamientos ilegales de domicilios, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de ocho víctimas y como integrante de una asociación ilícita. Los hechos ocurrieron en 1976 en la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal, donde se desempeñaba el represor, y sus víctimas eran en su mayoría militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
De la audiencia participaron los abogados querellantes María Isabel Caccioppoli, Lucía Tejera y Marcelo Boeykens, el fiscal José Ignacio Candioti y el defensor de Mazzaferri, Guillermo Morales, el mismo que en la causa Harguindeguy logró la absolución de Santiago Kelly del Moral.
El fiscal fue quien solicitó que se fije fecha de debate para este semestre, dado que el juicio viene demorado más de la cuenta. La querella se sumó a este reclamo. Mazzaferri tiene procesamiento firme de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná desde diciembre de 2014 y se considera que existen numerosas pruebas sobre sus delitos, que en gran parte fueron ventilados en el juicio de 2012. Sin embargo, todavía no tiene fecha de realización.
La jueza Barabani se mostró accesible a la solicitud y dijo que la idea del tribunal era actuar con la mayor premura posible, aunque también están sujetos a diversos factores, como la definición del lugar donde se va a realizar el debate –la sala del TOF o la de la Cámara de Apelaciones– y las fechas en las cuales ese lugar estará disponible.
En principio, las audiencias se realizarán los jueves y viernes de cada semana. Como declararán 25 testigos, se estima que el juicio se extenderá durante tres a cuatro semanas. La semana que viene se emitiría el decreto de provisión de la prueba y también se fijaría la fecha de inicio del juicio oral y público.
Durante la audiencia también se discutieron las pautas de la Cámara Federal de Casación Penal para la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad, para tratar de agilizar y simplificar los procesos en la medida de lo posible. Fue así que la magistrada pidió reducir la cantidad de testigos: la fiscalía accedió a que tres de los testimonios ofrecidos se introduzcan por lectura y la querella hizo lo propio con cinco. Así se llegó al número de 25, entre los cuales se encuentran las víctimas, sus familiares y policías federales que se desempeñaban en la Delegación Concepción del Uruguay y que vieron allí a los detenidos que sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos a manos de Mazzaferri y otros represores.
Por otra parte, la jueza adelantó que el tribunal considera necesario realizar una nueva inspección ocular en la sede policial donde ocurrieron los hechos. Aunque ya se realizó una de ese tipo en 2012, creen importante que los nuevos magistrados tengan un mejor conocimiento del lugar donde se produjeron las privaciones ilegales de la libertad y las torturas.
Mazzaferri fue señalado por las víctimas como uno de los integrantes de la patota que secuestraba a los estudiantes secundarios perseguidos por razones políticas y a otros dirigentes y militantes de Concepción del Uruguay. También fue señalado como uno de los encargados de ejecutar las torturas con picana eléctrica y otros métodos inhumanos y de enseñar a sus pares cómo hacerlo. (APFDigital)
