La querella de familiares de víctimas de la Masacre de Trelew pidió este martes prisión perpetua para cuatro marinos acusados por 16 homicidios agravados y tres en grado de tentativa, en el juicio oral que se tramita en Rawson por los fusilamientos del 22 de agosto de 1972. Entre las víctimas de los fusilamientos se encuentra Alfredo Elías Kohon, militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) oriundo de Concordia.
La abogada Carolina Varsky solicitó prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino como autores de los homicidios y torturas, calificados como crímenes de lesa humanidad.
En el caso del acusado de encubrimiento Jorge Bautista, que actuó como juez ad hoc tras la matanza en Trelew, en calidad de instructor militar, la abogada querellante pidió dos años de prisión de cumplimiento efectivo.
«La ley actual contempla para este delito hasta tres años de prisión, pero la que regía en la época, hasta dos, y se aplica la ley más benigna», explicó a Télam Varsky, tras concluir el alegato final en representación de los familiares, que compartió con sus colegas Eduardo Hualpa y Daiana Fusca.
Las mismas penas para todos los imputados pedirían la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que alegaba esta tarde, y la de la Fiscalía, que lo hará mañana, anticiparon fuentes vinculadas a la causa.
Varsky solicitó además al juez federal de Rawson, Hugo Sastre, investigar al médico Lisandro Iván Lois como probable coautor del delito de encubrimiento y solicitar a Estados Unidos la deportación del oficial Roberto Bravo, cuya extradición negó ese país pero «debería estar hoy entre los acusados».
La abogada afirmó que corresponde la deportación porque Bravo «mintió» cuando «dijo no tener causas pendientes» o «investigaciones sobre su persona» en la declaración jurada requerida en Estados Unidos, país donde reside.
Según testigos y otras pruebas acumuladas en el expediente, Bravo fue uno de los oficiales de la Armada que disparó ráfagas de metralleta a los 19 prisioneros políticos en la base Almirante Zar de Trelew y luego los remató con «tiros de gracia».
Lois era el médico de esa base aeronaval en el momento de los hechos y firmó los certificados de defunción por «muerte violenta» de 16 de los prisioneros, entre los cuales tres que habían sobrevivido y fallecieron después en la enfermería.
Al menos uno de ellos, Pedro Bonet, fue rematado con un disparo en la cabeza varias horas después del fusilamiento.
Para los querellantes Hualpa, Varsky y Fusca, las dos últimas del CELS, todos los delitos investigados en este juicio son crímenes de lesa humanidad.
La Masacre de Trelew «no fue un hecho aislado», sino parte «del desarrollo de un plan general de ataque sistemático a personas definidas como comunistas, subversivos, terroristas».
«Fue una política estatal de persecución a opositores, a una parte de la población civil», mediante un plan de «represión clandestina, que se incrementa hasta llegar a su máxima expresión» durante la última dictadura, dijo Varsky.
Tras concluir el alegato final de la querella de los familiares de víctimas de la Masacre, esta tarde seguía desarrollando el suyo la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por los abogados Martín Rico y Germán Kexel, con similar fundamentación.
Además de las mismas penas para los acusados, Rico y Kexel también pedirían al juez Sastre que tramite la deportación de Bravo e investigue al médico Lois, igual que la querella de los familiares, pero le solicitarían asimismo que investigue la responsabilidad del oficial naval Juan Barreto en la matanza perpetrada en la base Zar.
Dos testigos lo situaron en la escena del crimen pese a que Barreto aseguró al Tribunal que el 22 de agosto de 1972 no estaba en Trelew, sino en la base naval de Puerto Belgrano, próxima a Bahía Blanca.
Esta semana alegarán también el fiscal federal Fernando Gelvez, otros dos integrantes de la fiscalía y después, probablemente la próxima, lo harán las defensas de los cinco acusados.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia integrado por los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Pedro José De Diego y Nora María Cabrera de Monella dictaría sentencia a mediados de octubre próximo en Rawson, según estimaron fuentes de la causa.
