El lunes, los análisis a un cajero de la sucursal de Carrefour de Moreno dieron positivo de Coronavirus; unos días antes, en La Matanza, había sido el turno de un repositor de Walmart, de otro trabajador de Makro y de un empleado de maestranza de Changomás. En todos los casos, los supermercados permanecieron cerrados hasta que se desinfectó el lugar y los compañeros que habían tenido trato con los infectados fueron aislados preventivamente.
Dadas todas estas situaciones, el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio Afines (SEOCA) Zona Oeste, uno de los gremios de comerciantes más importantes del país, le pidió a las empresas que realicen testeos masivos a los trabajadores y dispongan de dispositivos para poder medir la fiebre tanto al personal como a los clientes.
Si bien la medida se aplica en algunos puntos del país, aún no se vio implementada en el oeste del conurbano. Por eso, el líder del gremio, Julio Ledesma, envió una advertencia a todos los híper y supermercados de la región: “la detección temprana del contagio no solo permitiría un mayor control de la enfermedad, sino también prevenir las consecuencias dañosas para los trabajadores y la propia empresa”.
De esta manera se “aportaría tranquilidad y seguridad a las tensiones ya existentes entre los trabajadores, quienes se desenvuelven en un medioambiente cada vez más hostil e incierto”, continuó el dirigente gremial, quien recordó que el comercio fue considerado como una tarea esencial, por lo que se “maximizó el nivel de exposición al contagio, lo que a esta altura se imponen medidas de control sanitario más audaces y comprometidas que las que hasta aquí se pusieron en práctica”.
“El flujo de personas en los mercados es abrumadoramente intensa, lo que impone medidas de comprobación cada vez más restrictivas a la hora del control de admisión a los mismos”, analizó Ledesma y propuso: la implementación de las pistolas de medición de temperatura corporal o la utilización de cámaras termográficas no solo para los trabajadores, sino también para los clientes y el público en general que ingresa a los establecimientos.El nivel de informalidad fue de tal magnitud que, siempre según la denuncia, “se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en clara violación a la normativa de contrataciones públicas”.
