“Para nosotros hay razones para declarar la emergencia al menos en los departamentos San Salvador y Villaguay, atendiendo a lo que dice actualmente la ley”, afirmó Bel en declaraciones a APF, puntualizando además que “para los productores de maíz e incluso algunos de soja, las pérdidas no son menores al 50%. También tenemos que ver qué impacto tendrá (la sequía que asoló Entre Ríos) en las praderas implantas”.
El dirigente apuntó que si se toma el primero de los cultivos, las pérdidas superaron la mitad de lo sembrado, argumento utilizado ayer por el secretario de la producción, Daniel Welschen en sentido contrario: justificando la no declaración de emergencia en la provincia.
Bel indicó por otra parte que comparten con el funcionario el criterio de que la situación de excepción no debería abarcar a todo el territorio provincial “porque no está todo en las mismas condiciones”, adujo, recalcando además que “el epicentro de Villaguay y San Salvador reúne el requisito del 50%” de pérdida.
“Hay que aclarar algo: una vez que se declara administrativamente la emergencia, el beneficio no alcanza al 100% de los productores, sino que éstos tienen que demostrar con una declaración jurada que han tenido un perjuicio superior al 50% y ésta está sujeta a inspección”, abundó el referente de FAA.
Constatado el estrago, el productor recibe como beneficio sólo el diferimiento del pago del impuesto inmobiliario rural. “Por eso la propuesta de la Federación de crear un seguro que compense pérdidas y recuperar la inversión. La emergencia agropecuaria está desvirtuada”, opinó Bel.
Asimismo, remarcó que como siempre, el más perjudicado por la sequía fue el productor chico que “viene al límite, y al cual un golpe de éstos seguramente lo va a dejar endeudado”, concluyó.
