En efecto, el programa que conduce Jorge Ballay en LT14 dejó planteado este problema luego que una de las 3 empresas que participaron de este llamado a licitación pública hizo conocer su disconformidad con lo que establece el pliego de condiciones.
Es que y siempre según lo manifestado en ese programa, “una de tres empresas que se presentaron a la licitación para implementar el sistema de radares en la provincia pidió (hizo una presentación por escrito ante la comisión evaluadora) anular la licitación publica Nº 07/08, señalando que contradice la ley nacional vigente, a la que la que nuestra provincia adhirió específicamente”.
Es para destacar que, en el programa se leyó lo que, en una de sus partes, establece la ley 26.353 “cuando las autoridades jurisdiccionales no operen en forma directa los sistemas de registro fotográfico, contratando con empresas privadas este servicio, la contraprestación a cargo de los entes públicos contratantes no podrá consistir, total o parcialmente, en porcentajes del producido de las multas aplicadas ni en ningún otro parámetro vinculado al rendimiento económico del equipo aportado”.
El planteo aparece a todas luces más que razonable. En primer lugar lo establecido por la ley nacional es una clara forma de impedir que con el objeto de ganar más dinero, el concesionario haga poco confiable el sistema fotográfico. Además, en un punto clave como este, no aparece como lógico que, la provincia aparezca por un lado adhiriendo a la ley y por otro violándola.
