El testimonio de la máxima jerarquía de la Iglesia Católica Argentina fue solicitado el pasado 23 de septiembre por el abogado Luis Zamora luego de que ante el tribunal brindara testimonio María Elena Funes, catequista secuestrada el 23 de mayo de 1976 junto a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalic y a otras personas, en un operativo llevado en la villa del Bajo Flores por efectivos de la Marina. Funes argumentó que ambos curas fueron secuestrados luego de que el actual cardenal les quitara la protección que le otorgaba su congregación. Los religiosos le habrían solicitado a Bergoglio, por entonces provincial de la Compañía de Jesús, amparo, aval y protección para la tarea pastoral que venían desarrollando en ese barrio carenciado a raíz de las fuertes críticas que venían recibiendo desde adentro mismo de la Iglesia. Sin embargo, y según los dichos de la catequista, Bergoglio les habría pedido que se fueran del lugar y que abandonaran el trabajo social, propuesto que habría sido compartida por los sacerdotes. Con posterioridad, Yorio y Jalic le pidieron que les autorizara su traslado a la diócesis de Morón a cargo de Miguel Raspanti, lo que finalmente no se iba a concretar. En una conversación con Raspanti, este les habría dicho: «Miren, a mi Bergolgio me da muy malos datos de ustedes y me habla de que tendrían vínculos con la subversión, por lo que no puedo aceptarlos sin su aval». Lo cierto fue que el 20 de mayo de 1976, y siempre según los dichos de Funes, a ambos sacerdotes se les retiraron sus licencias para oficiar misa -lo que en términos eclesiásticos implicaría que carecían del respaldo de la Iglesia- y tres días más tardes iban a ser secuestrados por personal uniformado perteneciente a la Armada y trasladados a la ESMA. La mujer recuperaría su libertad tres días más tarde, pero con menos suerte, Jalic y Yorio, iban a ser liberados en octubre de ese año. Al ser citado por el TOF5, el cardenal se amparó en el artículo 250 del Código Procesal Penal que establece que los altos dignatarios oficiales “no están obligados a comparecer” ante el tribual, motivo por el cual los jueces y las partes querellantes se trasladarán hasta la sede del arzobispado ubicado junto a la Catedral Metropolitana. En comunicación con Buenos Aires Económico, Luis Zamora, abogado querellante en representación del grupo de Madres de Plaza de Mayo y de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, todas ellas secuestradas en el marco de un operativo realizado en la Iglesia de la Santa Cruz, señaló que Bergoglio ha dicho públicamente “que hizo gestiones por estos dos curas y que gracias a él se obtuvo su libertad” motivo por el cual “queremos saber ante quién las hizo como para llegar a quienes fueron los responsables del secuestro”. Consultado sobre las expectativas en relación a la declaración del cardenal, señaló que no son muchas “porque él pidió declarar por escrito amparándose en las normas procesales que se lo permiten” y lo que obviamente “muestra que no hay una actitud de colaborar a fondo con la justicia aportando todo lo que sabe” y agregó que “nosotros nos opusimos a eso” y le “solicitamos al tribunal que ante la importancia del testimonio, nos traslademos a su residencia oficial” para llevar a cabo el tramite. Cabe destacar que Bergoglio además encabezará a partir de hoy a las 16 en la residencia ‘El Cenáculo” de Pilar, la conferencia Episcopal en la que junto a un centenar de obispos analizará la situación social del país, en lo que será el primer encuentro religioso de este tipo tras el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Tras el encuentro, el que se extenderá por una semana, los obispos darán a conocer sus conclusiones.
