Piovano –dice la denuncia- “hizo saber que el Hospital Muñiz (donde ella presta servicios) se habría clausurado la Sala 20 de pediatría para convertirla en un espacio de alojamiento exclusivo para socios y afiliados de diversos servicios de medicina prepaga que allí fueran derivados”. Distintas empresas de medicina prepaga anunciaron que tienen su capacidad de camas de terapia intensiva desbordadas por la creciente ola de contagios por Covid-19.
Según la denuncia, la presunta conducta de las autoridades porteñas “configura un hecho de inusitada gravedad institucional” que se encuadra en el delito de “malversación de caudales públicos”. El artículo 260 del Código Penal establece que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”. “Siendo que según las afirmaciones de la médica entrevistada el destino de esas instalaciones (la sala 20 de pediatría), serían de uso exclusivo para determinado grupo de personas, ello se daría de bruces con el objetivo fundamental de cualquier institución sanitaria de carácter estatal”, sostiene el escrito.
El expediente, registrado con el número 1908/2021, quedó radicado ante el juzgado federal número 12, a cargo interinamente del juez Sebastián Casanello. La denuncia reprobó que ese espacio de un hospital público, tras la presunta decisión del gobierno local, “no está dirigido al bienestar físico, mental y social de la comunidad, sino a mantener en reserva ese espacio y equipos en reserva, no para todo aquel que lo precise, sino para un determinado segmento (socios y afiliados derivados de instituciones de medicina prepaga)”. “Resulta evidente que, de confirmarse la materialidad de los hechos descriptos por la doctora Piovano, Larreta y Quiroz le estarían dando al Hospital Muñiz una aplicación de administración diferente de aquella para la que fue destinado”, añade el texto.
La denuncia propuso la citación a prestar declaración testimonial de la facultativa, el allanamiento al Hospital Muñiz “a efecto de recabar documentación sobre el destino actual de la Sala 20 de pediatría” y la convocatoria a declarar como imputados de ambos funcionarios.
