El planteo fue hecho ante la secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Lucila Inés Haidar, por parte de la sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos. En el escrito alertan por la “situación reinante desde hace más de tres meses en el Registro Civil” donde los empleados se encuentran en estado de asamblea “por tiempo indeterminado”, medida a la que también se han plegado los jefes del área.
“Esta medida de fuerza acarrea un grave perjuicio para los profesionales de nuestro foro, ya que la entrega de copias certificadas de las anotaciones registrales y la inscripción de sentencias de divorcio (trámites que los letrados realizamos con mayor frecuencia) se realizan con excesiva demora, llegando en el segundo de los casos a los 60 días aproximadamente”, señalaron.
El conflicto, subrayaron los abogados, no encontrará una solución en el corto plazo “si es que el Poder Ejecutivo no toma cartas en el asunto”.
Eje del conflicto
Las protestas en el Archivo –donde se desempeñan, según quién analice el problema, entre 10 y 25 trabajadores– comenzaron a finales de octubre de 2009, y en todo este tiempo han ido creciendo en intensidad hasta convertirse en un virtual cese de actividades por tiempo indefinido. Los ejes del planteo van desde pedidos de mejoras en las condiciones laborales, el pago de un adicional por función hasta el rechazo a traslados de personal y designaciones de agentes afines a la conducción del Registro Civil, que encabeza el abogado Héctor Allende.
En diálogo con El Diario, Allende relativizó el conflicto. “Es una protesta de 10 empleados, de una oficina en Paraná, pero el resto del organismo está trabajando normalmente. Tenemos 380 empleados en la provincia, y son esos 10 los del conflicto. Lamentablemente, damos solución a lo que plantean, y presentan nuevas demandas, y esto viene así desde hace tres meses. Así, esto se convierte en algo de nunca acabar”, indicó el funcionario.
El último eslabón de la protesta está representada por un empleado designado por Allende para firmar las certificaciones que se entregan al público. Los trabajadores, alineados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) –sindicato que tiene menos peso que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en el Registro Civil– piden la remoción de ese empleado, que lo identifican ligado al director; pero Allende sostiene que es “la única manera de garantizar que a la gente se le dé respuesta cuando acude a la oficina por algún trámite. Están todos los empleados de asamblea, incluso los jefes. Alguien tiene que atender al público”.
La aseveración de Allende se corresponde con el texto de la presentación que la sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos efectuó ante la secretaria de Justicia de la Provincia. Según los profesionales, los trámites de inscripción de sentencias de divorcio pueden llegar a demorar 60 días, aunque siempre y cuando “se encuentre algún empleado de buena voluntad que reciba el trámite, ya que en numerosas oportunidades el profesional se retira del Registro Civil sin que su solicitud sea recibida por personal alguno”.
Daniel Ezequiel Cottonaro, secretario del Colegio, explicó que el problema es de vieja data. “La obtención de copias de partidas de nacimiento y la inscripción de sentencias de divorcio tienen demoras de entre 60 y en algunos casos, de 90 días. Y muchas veces, ni siquiera encontramos a una persona que nos reciba el trámite de pedido. Es decir, que el problema no es la demora en obtener la respuesta, sino que directamente no hay quien atienda al público”.
Tampoco se sabe cuándo obtener un trámite. “Nadie sabe informar nada, porque están todos de medidas de fuerza. Por eso esta presentación que hemos hecho, para que tomen intervención y se dé una solución”, indicó Cottonaro. El titular del Registro Civil, en tanto, dice que no entiende el reclamo y que está al aguardo de que se materialice el levantamiento de las medidas de fuerza en el Archivo. “Piden que saque a una persona que yo designé para que atienda al público. Lo voy a hacer si primero levantan las medidas de fuerza y vuelven a trabajar”, aseguró.
Se abrió una tregua precaria
Los trabajadores del Archivo del Registro Civil de la provincia, En Deán J. Álvarez 31, realizaron ayer una asamblea en la que votaron “suspender” el estado de asamblea, aunque en forma provisoria hasta conseguir una respuesta a un pedido puntual hecho a las autoridades. De acuerdo a lo que explicó Pablo López, subdelegado de ATE en el organismo, luego de una entrevista con el director del Registro Civil, Héctor Allende, se acordó “suspender, pero no levantar, el estado de asamblea que cumplimos desde hace tres meses”. “Suspendimos la asamblea para entrar en una instancia de diálogo. Pero para que se levante la medida de fuerza el director tiene que retirar a la persona que puso para firmar certificaciones. Si eso no se da, volvemos a las medidas, y quizá se profundicen”, dijo. López recordó que el conflicto se disparó como consecuencia de la existencia de una serie de situaciones que, una vez planteadas a las autoridades, no obtuvieron respuesta. Entre éstas, ubicó el traslado compulsivo de personal, el cambio de responsables de áreas, la situación del edificio y el inadecuado mantenimiento de la documentación que guarda el Archivo. “Pero ahora es más grave lo que sucede. La designación de esa persona, y la firma de documentación que está haciendo es ilegal, y así se lo hicimos notar al director”, abundó López.
Fuente: El Diario.
