Desde el congelamiento del precio del crudo que impuso el DNU 566 y que se sumó a la disparada del Riesgo País y al control de capitales, las empresas de servicios especiales de Vaca Muerta, las que controlan las torres de perforación y equipos de fractura, comenzaron a suspender a buena parte de sus empleados.
A la fecha son entre 1600 y 2000 los trabajadores cesanteados, en coincidencia con la baja de unas 13 torres de perforación y la salida del país de varios sets de fractura.
Desde algunas firmas ya se avanzó en el achique de sus plantillas, a través de retiros voluntarios como los realizados por Schlumberger, o incluso con despidos que ahora están frenados en conciliación como los que realizó H&P. Pero el panorama es más grave. Las firmas preparan un total de 1200 telegramas de despidos que comenzarán a llegar a los trabajadores desde el lunes.
«Parece que no quieren esperar al cambio de gobierno y lo primero que hacen es cortar por el más débil que es el trabajador»», indicó Arévalo y agregó que «deberían aguantar a que asuma Alberto Fernández y ahí sentarnos en una mesa grande con el ministerio de Trabajo, los gremios, las provincias y sacar conclusiones, pero no. Dicen que tienen órdenes de sus casas centrales».
