Según informó Petit, la ley de expropiación N' 10067 fue aprobada el 14 de agosto de este año y abarca la mayoría de los terrenos que están dentro de esa zona: barrio Llamarada, Isla Maciel, Las viñas y San Juan I. En ese contexto es que se aguarda la llegada del Consejo de Tasación de la provincia para proseguir con la expropiación. “Lo que hace el Consejo de Tasación es trabajar sobre la zona para establecer el precio que se le va a ofrecer a cada uno de los propietarios de los terrenos que han sido expropiados y, a partir de ahí, la municipalidad empieza un trato con cada uno de ellos, o con sus herederos, para acordar cómo lo van a comprar y cómo se va a pagar cada espacio”, aclaró.
En cuanto a los propietarios, sugirió la funcionaria, existe una especie de aprovechamiento, ya que el hecho de que la municipalidad comenzara a regularizar más de 100 zonas de la ciudad que estaban siendo usurpadas y algunas desde hace muchos años los dueños y sus herederos, que incluso algunos no viven acá, especularon todos estos años y se están aprovechando jurídicamente de la posibilidad de poder lograr un ingreso a cambio de la presión social que ejercen con denuncias por desalojo o por usurpación.
“Existen actualmente dos propietarios que han iniciado el juicio de desalojo, pero los vecinos no han sido alertados porque la municipalidad se ha presentado antes”, explicó la asesora legal. “En este momento, uno está con un proceso de apelación para elevarse a la sala civil en los próximos días y el otro, se está notificando a los herederos propietarios de que ha sido expropiado y que está en trámite de tasación”, agregó. “Entiendo la necesidad de la gente de los barrios pero hay muchas cosas que ellos no saben, como que apenas la comuna tiene conocimiento de que hay una presentación judicial de un propietario, nos presentamos en el juicio y evitamos que los vecinos sean notificados del desalojo”, indicó.
Para finalizar la funcionaria comentó que han apelados el dictamen de desalojo de la justicia ya que, considerando que está en marcha el proceso de expropiación y que el “principio de paz social está por encima del de la propiedad privada”, es responsabilidad de la comuna garantizar esa estabilidad social. “Son temas jurídicos, que llevan su tiempo pero que la municipalidad no está ajena a ellos e interviene judicialmente”, concluyó.
