Petit explicó que: “lo que nosotros estamos haciendo acá es pidiéndole a la Comisión (N de la R: Secretaría) de Energía el cumplimiento o no de lo determinado en la ley, tanto si está presupuestado o no, y con que fondos se manejan”
Petit carecía de datos acerca de la cantidad de ribereños que reclaman una indemnización. Hay una asociación que se ha conformado al respecto, y la mayoría de los integrantes provienen de Santa Ana y Villa del Rosario. “Todos somos conscientes del daño que ha causado la represa de Salto Grande y que causa constantemente. Sumado a ello las inundaciones que periódicamente se producen y que van más allá de la cota y que realmente han producido un daño a la propiedad privada realmente importante”, indicó.
Al respecto, indicó que se trata de indemnizaciones “que realmente llevan muchísimo tiempo”. Inclusive las primera indemnizaciones “todavía no se han cumplimentado en su totalidad y aún menos las que se derivan de una ley de 1998, que es la ley Nº 24974” que establece una indemnización para los habitantes del Perilago, en su mayoría productores “que vieron como de hecho la cota del Lago ha venido aumentando en los últimos años y eso le ha causado graves perjuicios”.
El proyecto fue avalado por un diputado de la provincia de Corrientes, Eduardo Galantini, oriundo de la ciudad de Monte Caseros. “Estamos trabajando juntos en este tema porque hemos recibido la visita de los ribereños en Buenos Aires y después en una reunión que hemos tenido acá, en la Asociación de Citricultores”, explicó Petit.
La legisladora sostuvo que los fondos se destinan a las indemnizaciones y también a “obras que tienen que ver con la utilización del agua, del riego, de la navegación y uso doméstico”, expresó. Los fondos son administrados la Secretaría de Energía y la Comisión Técnica Mixta (CTM). “Los ribereños están haciendo la solicitud que le correspondería a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, no a Cafesg”, expresó la legisladora.
Incluso, Petit aseguró que existen cálculos donde se individualiza la indemnización que debería recibir cada uno de los habitantes que vivían a la vera del río o aún siguen afincado a la vera del lago. “Están con nombre y apellido. No es algo así subjetivo sino que está bien determinado quien es quien y cuanto le corresponde a cada uno de ellos”, explicó.
No obstante, en los cálculos no estarían contemplados intereses por la demora en la efectivización del resarcimiento. “Por lo que he conversado con los ribereños no lo estarían cobrando. Lo que quieren es simplemente que le paguen aquello que le habían prometido en ese momento”, sostuvo.
