Los legisladores son autores de un proyecto de ley que pide la derogación del decreto que autoriza el aumento de las tarifas de gas, y las resoluciones administrativas que los reglamentan por considerar a la norma ilegítima e inconstitucional. El proyecto expresa que el Poder Ejecutivo Nacional “en forma inconsulta y ante el tratamiento inminente de la derogación de la citada norma, dio a conocer en forma periodística la suspensión de los cargos tarifarios”.
La resolución de fecha 14 de agosto de 2009 instruye a las licenciatarias del servicio público de distribución a efectuar las restauraciones y practicar en lo inmediato la reposición del cargo dejando establecido que “será de aplicación a los consumos de gas natural que se verifiquen durante el periodo comprendido entre el 1º de mayo y el 30 de septiembre de 2009″.
Los diputados afirmaron que “la prórroga fue realizada con el fin de aliviar la presión judicial, social y política que la aplicación de la suba trajo como consecuencia, pero no ha derogado la norma en cuestión sino que se han trasladado sus efectos hacia el futuro”.
Ante ello, argumentaron que “resulta desaconsejable continuar con modificaciones parciales introducidas intempestivamente sin consultar a las asociaciones de usuarios y con la utilización de la metodología de audiencias públicas como marco de las mismas, como establece la ley correspondiente”.
Petit, Cremer, Zavallo y Heredia entienden que luego del 30 de septiembre al renovarse la vigencia del Decreto 2067/08 los usuarios comenzarán a recibir sus facturas “con sobreprecios que profundizan la crisis económica y social que atraviesa la sociedad”. “Por eso es importante adelantarnos a la eclosión del problema, y buscar soluciones integrales al problema energético”, manifestaron.
