La norma elaborada por Petit desvirtúa flagrantemente el objetivo original de la creación del Fondo: debe ser aplicado en infraestructura social: escuelas, vivienda, agua potable, cloacas y otras obras. La Presidenta Cristina Kirchner dijo, cuando anunciaba la iniciativa, que de ese modo la reasignación que la Nación hace de su superávit fiscal “va directamente a sostener la actividad económica, el empleo e impactará en la calidad de vida de la gente».
El proyecto establece que la modificación del destino de los fondos recibidos de acuerdo al Decreto 206/09 PEN y distribuidos en virtud de la Ley Nacional 23.548 y el sistema de coparticipación sobre impuestos nacionales que posee cada Provincia en relación a sus municipios y/o comunas, se realizará mediante la misma norma de adhesión que solicita explícitamente el decreto arriba mencionado.
Cuando fue gestado, se estimó que el Fondo administraría un monto de 1.776 millones de dólares ó 6.520 millones de pesos. Al igual que la coparticipación del impuesto al cheque con la suma de las retenciones el dinero debe distribuirse de la siguiente manera: la Nación retendrá un 70 por ciento del total y enviará a las provincias remesas por el restante 30 por ciento. A la vez las provincias deberán retener el 70 por ciento de lo que reciban por este concepto, y distribuir a los municipios según sus leyes el restante 30 por ciento.
El proyecto de la legisladora entrerriana ingresó a la Cámara el 14 de abril y establece que los recursos del Fondo Federal Solidario “puedan ser libremente aplicados a la cobertura de gastos corrientes en la proporción que consideren convenientes para el cumplimiento de sus objetivos de gestión, especialmente los relacionados con los gastos derivados del presupuesto de personal”.
Entre los fundamentos se señala que “la realidad impuesta por la crisis económica que sufren las instituciones municipales se refleja especialmente en la merma de fondos derivados de sus sistemas de recaudación propios, así como de la disminución de los provenientes de los sistemas de coparticipación de impuestos nacionales y provinciales”.
En consecuencia, la disminución de ingresos propios “produce como consecuencia inmediata y directa la imposibilidad de cubrir gastos corrientes de la administración que no pueden ser reajustados ni mucho menos congelados como son los haberes de los agentes municipales”.
Petit indicó en el proyecto que ante la crisis actual: “no derivar fondos, congelando virtualmente los haberes de la mayor industria del país, cual es la administración pública, no resulta adecuada para las políticas aplicadas ya que ello significa una paralización virtual de la cadena de pagos y consumo que realiza cada uno de ellos y que vuelcan en los comercios de sus localidades”.
Para la legisladora, “la distribución excepcional de los derechos de exportación aplicados a la soja se convierte en estos momentos, también excepcionales, en una fuente de financiamiento indispensable para dar respuestas a los múltiples reclamos sectoriales que se producen en estos momentos en los municipios de todo el país”.
