El viernes pasado hubo una movilización en Salto (R.O.U) en reclamo contra una resolución emitida por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La resolución atiende que ante la amenaza de una gran sequía se pueden poner en riesgo los recursos, por lo tanto para prevenir, se limita los días habilitados a la pesca de lunes a jueves. “Dicen que son 4 días pero en definitiva son 3, porque el lunes entraríamos a colocar las artes, pescaríamos martes, miércoles y el jueves tendríamos que levantar todo”, se quejó Ismael Sequeira representantes de los pescadores artesanales uruguayos.
Sequeira expresó que la CARU “es una institución que ha servido para mantener a un montón de gente a costillas del pueblo uruguayo y argentino que tienen la complicidad de sacarnos del río haciéndole los mandados a los empresarios de la pesca deportiva. Ya identificamos al enemigo, quien no nos quiere en el río es el pescador deportivo, que fueron los que denunciaron en prefectura. Por lo tanto, vamos a demostrar que las disposiciones de la CARU, bajo la posibilidad de un descenso del río y la protección de los recursos, es todo una fantochada”.
Por su parte, María Eugenia Almirón, integrante de la Delegación Uruguaya de CARU explicó que “en principio nunca se prohibió en forma total la pesca pero ante el estiaje pronunciado que tiene el río Uruguay en la actualidad se emitió una resolución que asigna días para que puedan pescar los pescadores artesanales y la pesca deportiva que no es para consumo ni venta porque es con devolución obligatoria, no se considera que genere un perjuicio pero debe existir una devolución inmediata. Según la funcionaria uruguaya esta determinación se tomó con el asesoramiento de los técnicos del organismo y contó con la opinión de técnicos de otras instituciones. “Si hoy no protegemos el recurso en esta situación de estiaje del río en un futuro los más perjudicados van a ser ellos mismos”, señaló.
DIARIOJUNIO pudo saber que este lunes en el edificio de la Comisión Administradora de Fondos de Salto Grande (CAFESG) tuvo lugar una reunión de trabajo, coordinada por el Vocal, Eduardo Asueta, en la que participaron representantes de organismos argentinos y uruguayos relacionados con la conservación de la fauna ictícola. En la misma se abordó la problemática de la pesca furtiva que genera un daño importante porque se lleva a cabo en una zona considerada de seguridad como es la proximidad a la represa de Salto Grande, y la equiparación de zonas y permisos de pesca entre Argentina y Uruguay, entendiendo que se debe recomponer la relación de igualdad en el aprovechamiento del recurso.
Asueta también señaló que la resolución de CARU es coyuntural y sostuvo que “la zona ribereña de Concordia es muy delicada y muy importante porque es una zona de reproducción de las especies ictícolas.
Por otro lado, el vocal de la Cafesg sostuvo que “la fiscalización puede mejorarse muchísimo, y el río puede generar recursos, a través de los permisos de pesca a los turistas, de unos $ 16.000.0000 anuales, y con un tercio de esa suma se puede lograr un sistema de monitoreo eficiente, que nos permite eliminar la pesca ilegal, la pesca furtiva principalmente. En relación al trato igualitario con el Uruguay, dijo que se debe entender que si del lado argentino permitiríamos lo que Uruguay permite, entonces generaríamos un gran desequilibrio ambiental. Al respecto, dijo que “son situaciones complicadas que deben resolverse con criterios de inclusión social, a uno y otro lado de las orillas, y creemos que se puede hacer, promoviendo un proceso de migración ordenado, consensuado, y beneficioso, desde la pesca artesanal, a la pesca deportiva con fines turísticos.”
En tanto, el guía de pesca, Héctor Bradanini, explicó que el problema que hay es que “existe un desconocimiento muy grande sobre lo que pasa en el río. La normativa es pareja para las dos orillas con la diferencia que, tal vez, por falta de recursos o algo que uno desconoce no se cumple. Respecto a la cuestión de reconvertir al pescador artesanal a la pesca deportiva con fines turísticos ya ha sido planteada años atrás y no prosperó. El problema de fondo es que hay un gran negocio detrás y es que en Uruguay el kilo de dorado se paga hasta 15 dólares. Un bote puede barrer hasta 500 metros de río en 15 minutos, sacando alrededor de 40 dorados con un promedio de 8 kilos por cada pieza. Ya existe una normativa que impide la pesca extractiva desde Salto Chico, a la altura de la toma de agua de nuestro lado del río, hasta la represa, pero no se cumple; por eso CARU dispone de este tipo de vedas como una forma de contrarrestar esa depredación. Porque lo que sucede es que no se respeta a pesar de las disposiciones que están vigentes desde hace años. Del lado argentino también existe pesca furtiva, pero la costa uruguaya es más propicia por su morfología y profundidad. Es más, muchos pescadores del lado argentino procuran vender su pesca en la otra orilla.”
