Las autoridades decretan el toque de queda en Puno, la más golpeada por la presión de las fuerzas de seguridad. El Gobierno desafía a los manifestantes y asegura que no permitirá su llegada a Lima.
La jornada, según lo cuenta el diario El País de España, comenzó con 18 féretros apostados en los exteriores del hospital Carlos Monge Medrano, en Juliaca, en la provincia de San Román, en el sur de Perú. En medio del horror por las muertes de los manifestantes del fatídico 9 de enero afloró la solidaridad. Un grupo de funerarias donó ataúdes para que los familiares pudieran despedir a los suyos con dignidad.
A esa misma hora, en Lima, esa ciudad tan distante del país, los ministros del Gobierno de Dina Boluarte, encabezados por el primer ministro Alberto Otárola, llegaban al Congreso de la República en autobuses y con escolta para pedir el voto de confianza, ese mecanismo constitucional a través del cual un gabinete ministerial adquiere legitimidad frente a los otros poderes del Estado. La ex primera ministra Mirtha Vásquez calificó de indolente el hecho de no suspender el acto con 46 muertes a cuestas: “Como si la muerte de peruanos en Puno no tuviera ningún valor; con total indolencia, el Congreso decide seguir con el pleno de manera normal para tratar incluso el voto de confianza a favor del Ejecutivo. Un congreso de espaldas y en contra de la dignidad de un pueblo”.
Perú arreciaban las movilizaciones y concentraciones en 31 provincias de 12 regiones en respuesta a la violencia y a la represión que el lunes dejaron 18 muertos. La más embravecida: la región del Cusco, vecina de Puno, la más golpeada por los abusos de las fuerzas de seguridad. Ciudadanos de las provincias de Canchis, Canas, Acompayo y Quispicanchi se concentraron en la capital del Cusco para exigir la renuncia de Boluarte, una presidenta que puede contar más muertos que días de gobierno: 46 en 33 jornadas.
RESPUESTA SOCIAL A LOS REPRESORES : COMO LO QUEMARON VIVO
“Protestas en Puno: Policía recibió un disparo antes de ser quemado vivo por turba”
Así titula el impactante episodio el diario El Comercio de Perú. Fue la respuesta a la represión y muerte de compatriotas que se propusieron defender al presidente Pedro Castillo, asumido hace apenas 5 meses y destituido por el fujimorismo y sus aliados.
Según relatan testigos, el patrullero debió detenerse abruptamente al percatarse de que piedras bloqueaban la vía. Rápidamente, de la penumbra apareció un grupo de personas que rodearon el vehículo amenazándolos con piedras y objetos punzocortantes.
Según cuentan testigos, los efectivos no hicieron uso del armamento de servicio porque creían que la situación podía ser controlada. No había enfrentamientos alrededor de esa zona. Sin embargo, el grupo reducido fue creciendo hasta llegar a más de 80 personas, entre hombres y mujeres, que llegaban al lugar con palos y pasándose la voz a gritos.
Los sujetos se referían a los policías como “tombos asesinos” y los acusaban de las muertes de manifestantes producidas en el aeropuerto y después en el centro comercial.
Esteban Barrientos logró correr y perderse entre las calles, pero no corrieron la misma suerte los otros dos agentes que sí fueron reducidos y desarmados por sus agresores delante de los vecinos y curiosos que se acercaban a la calle Bernardo Alcedo, donde el patrullero estaba detenido.
Tras ser golpeados, el grupo de agresores comenzó a gritar: “¡Ajusticiarlos!”. En esos minutos de espera, el suboficial Villasante aprovechó un descuido de sus captores para escapar, aunque luego fue alcanzado por un grupo más reducido a una cuadra.
José Luis Soncco forcejeó pese a los golpes y palos que recibía. Ya reducido, habría recibido un disparo casi mortal.
Según los testigos, el policía agonizante fue bañado en combustible al igual que el vehículo policial antes de ser prendido. José Luis Soncco habría seguido con vida hasta ese instante.
