Perotti dijo que este razonamiento constituye “una ofensa gratuita que creo no merecemos” ya que han dictado todos su fallos “a conciencia, con respeto a las leyes, a la Constitución Nacional y a las Convenciones Internacionales, explicitando y motivando cada una de nuestras decisiones, habiendo sido -en su gran mayoría- confirmadas por la Sala Penal” del Superior Tribunal de Justicia.
“No puedo permitir que con tal burda liviandad se enuncien y se repitan circunstancias sin basamento real, vengan de quien provengan dichas afirmaciones. Y si así fuera, toda persona conoce cuáles son las vías legales para enmendar o corregir lo que consideran una irregularidad en nuestro proceder jurisdiccional”, consignó.
“Todo ciudadano merece tener una Justicia penal justa y digna”, agregó, subrayando: “Creo sinceramente que es la que estamos ofreciendo día a día, desde hace 40 años en mi caso concreto, con abnegación y sacrificio. Por eso, hablar aquí, en la Justicia entrerriana y en esta Cámara en particular, de la existencia de una «guerra jurídica» (conocida mediáticamente como «Lawfare»), también roza lo injuriante, porque el suscripto -y puedo hablar en nombre de mis dos colegas- jamás hemos recibido presiones, injerencias ni influencias del Gobierno, factores de poder, de instancias judiciales superiores, de los medios periodísticos, ni de nadie; siempre hemos decidido las causas con absoluta libertad, independencia e imparcialidad -valores que defendemos a ultranza porque impregnan no sólo nuestra conducta profesional, sino nuestro modo de vida”.
Por eso “rechazo enfáticamente, entonces, cualquier insinuación que afecte nuestra honorabilidad y nuestra honestidad intelectual”, remató.
A su turno, Badano sentenció: “Respecto de la sugerencia o insinuación del seguimiento por parte de esta Cámara de determinada postura -la del Ministerio Público Fiscal-, dada la calidad de abogado del imputado, y de la amplia comunicación que tuvo con sus defensores -a los que les cabe seguir a pies juntillas el Reglamento de Ética del Colegio de Abogados-, no puede menos que interpretarse como una ofensa y una agresión gratuita hacia el Tribunal”.
“Los abogados deben conocer que lo que la Casación revisa son sentencias de Tribunales de juicio, y que lo que correspondía -en todo caso, por la gravedad institucional inserta en su suspicacia- es utilizar los mecanismos de recusación que la ley le brinda, y no hacerse eco irresponsablemente -esto es, sin apelación a estadística, información o dato alguno fehaciente- de enunciados falaces, sostenidos por intereses particulares y desapegados de la verdad, que livianamente se dicen contra jueces constitucionalmente designados”, abundó.
Tras hacer un repaso de los datos estadísticos del Tribunal de Casación de Paraná, citando por caso que en 2016 “la mitad de los recursos interpuestos por la Fiscalía, fueron rechazados; y en 2017, 7 fueron rechazados y 9 receptados”, Badano consignó: “hay una mala fe en la lectura de los datos, que reiteran y replican ciertas conclusiones -que no se compadecen con lo que se resuelve-, sin recurrir a los mecanismos constitucionales previstos”.
La Magistrada realizó esta revisión estadística dada “la reiteración de este tipo de injurias, dichas lamentablemente en situaciones de impunidad”. La repetición a la que hizo mención está referida a que en los pasillos del Palacio de Justicia, a la Cámara que integran Perotti; Badano y Davite se la conoce como “Cámara de Confirmación Penal”, dada esta supuesta parcialidad que la jueza cuestiona para fallar en pro de la Fiscalía. Se suma a esta suspicacia la relación sentimental que vincula desde hace años a Badano con el jefe de los Fiscales, Jorge Amilcar García.
Trayendo una cita doctrinal, la magistrada recordó que el lawfare (o guerra jurídica) «puede ser definido como el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política; la aplicación de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial”. Esta “persecución judicial” se hallaría exacerbada “contra funcionarios de Gobiernos que propiciaron la intervención del Estado en materia económica y social a favor de las mayorías, ensanchando al Estado y revalorizando lo público”, acotó, cerrando la cita.
“Obvio es que – razonó Badano – sin perjuicio de compartir o no dicha postura, lo que no estará en discusión será la derogación de los delitos contra la Administración pública, ni la correcta persecución penal -con las debidas garantías del proceso-, de personas que atentaran contra ella. En todo caso, lo que deberá atenderse, cuidadosamente, es que acusaciones o procesos de este tipo no se emprendan –sin garantías- contra aquellas personas que aparezcan, por su particular posición política, ideológica, o por su protagonismo en determinadas políticas públicas, como vulnerables a determinada manipulación”.
“Por eso llama la atención la recurrencia a este concepto, sobre todo en el caso del imputado (Canosa), que no admite ser político, ni llevar a cabo ninguna política pública; es más, ha negado su calidad de funcionario público”, concluyó.
