“La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país. El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos”, expresaron en el texto.
Además, apuntaron que iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Corte “por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional”, es un desatino institucional y que pone en evidencia a la Argentina negativamente ante los ojos del mundo y pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en el país.
Además de los ya mencionados, a la carta adscribieron varios nombres fuertes del sector empresario, como Enrique Cristofani (Banco Santander), Nicolás Braun (La Anónima), Gonzalo Tanoira (ACDE – San Miguel), Guibert Englebienne (Globant), Luis Bameule (AEA), Facundo Gómez Minujin, Cecilia Mairal y Javier Patrón (Estudio Marval), Alejandro Elsztain, Mariano Bosch, Antonio Estrany y Gendre, Eduardo Braun, Gerardo Cartellone, Carlos Miguens, Juan Llach, Eduardo Caride, Fernando Oris de Roa, Juan Carlos Cassagne, Máximo Fonrouge, Julio Saguier, Arturo Acevedo, Cristiano Rattazzi, Gastón Remy, Claudio Cesario, Verónica Andreani, José Antonio Aranda, Ernesto Arenaza, Alberto Arizu (h), Eduardo Bastitta, Humberto Bertazza, María Cristina Bomchil, Máximo Bomchil, Alejandro Carrió, Santiago del Sel, Alberto Grimoldi, Hugo Daniel Krajnc, César Litvin, Agustín Otero Monsegur, Sofía Pescarmona, Damián Scokin, Enrique Shaw, Pablo Taussig y Gabriela Terminielli, entre otros.
Por otra parte, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) sostuvo, a través de un nuevo comunicado, “la imperiosa necesidad de que en nuestro país se acate plenamente el Estado de Derecho y la división de poderes”. “Iniciar un proceso de juicio político a los miembros de la CSJN por no compartir el contenido de sus sentencias, altera muy negativamente tanto la esencia del pacto constituyente sobre el que se edifica nuestra convivencia, como las perspectivas de crecimiento, de inversiones y de generación de empleo”, destacaron en una carta difundida esta tarde. “En tal sentido, y en las actuales circunstancias, se vuelve imperativo subrayar el respeto a la independencia del Poder Judicial y a las autoridades y sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agregaron.
Previamente, preocupados por el impacto institucional y el efecto sobre el clima de negocios, empresarios representantes de las principales entidades, integrados en la Unión Industrial Argentina (UIA), expresaron masivamente su rechazo a la ofensiva.
“La imagen institucional en el plano internacional es fundamental. No solo por el tema de la deuda en la Argentina, sino por la credibilidad para la inversión que necesitamos para el desarrollo”, dijo a título personal Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina.
El texto completo:
“CARTA ABIERTA A LOS DIPUTADOS DE LA NACIÓN
Los abajo firmantes, ciudadanos, empresarios y profesionales preocupados por el presente y futuro de nuestra querida Argentina, nos dirigimos en primer lugar a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados como así también al resto de los diputados de dicha Cámara para que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país. El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos.
Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina. ¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?
Por tal motivo, los abajo firmantes apelamos a la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas.
De ustedes depende
Buenos Aires, 19 de enero de 2023”
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Cabe recordar que entre los motivos que se esgrimen para promover el juicio a la Corte se enumera el reclamo de gobernadores frente a la decisión de los supremos de otorgar, dos años tarde, una cautelar (supuesta medida urgente) a Horacio Rodríguez Larreta para que el Estado Nacional le entregue más fondos coparticipables para seguridad. Luego se conocieron los chats de D’Alessandro con el colaborador de Rosatti, donde hablan de esa causa y el ministro intercambia ideas para una estrategia favorable a Juntos por el Cambio en la puja por el Consejo de la Magistratura. Ahí, otro punto del jury: el fallo que obligó a desarmar ese organismo que elige y sanciona jueces/zas y que Rosatti quedara como su presidente con una integración de 20 miembros usando una ley derogada.
Las/los diputadas/os denunciantes plantean que la Corte se arroga funciones del Ejecutivo y del Legislativo. En el caso del Consejo es evidente que todo apuntó a paralizarlo, a mantener casilleros judiciales ocupados por designaciones irregulares del macrismo y vacantes para que subroguen los amigos. La denuncia incluyó el 2×1 a favor de los genocidas y los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial.
“Estamos frente a cuatro personas con nivel académico que expresan a un sector importante del poder y lo protegen. Pero el solo hecho de haber aceptado, dos de ellos (Rosatti y Rosenkrantz), ser nombrados por decreto, debería ser motivo de remoción. Lo mismo, haber repuesto una ley derogada del Consejo que comanda Rosatti. Es de gravedad institucional», dijo la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, quien integró como acusadora, diputada del Frepaso, el jury que prosperó con Néstor Kirchner contra la Corte menemista de “mayoría automática”.
Por su parte, el prestigioso abogado penalista, juez, jurista, escribano y criminólogo -con títulos de doctor “honoris causa” otorgados por más de 30 universidades latinoamericanas y europeas- Raúl Zaffaroni, quien ingresó a la Corte Suprema con Kirchner, sostuvo en alusión a los supremos cuestionados: «No se trata de los cuatro jinetes del apocalipsis jurídico sino de la institución misma. Sería bueno que todos los políticos se pregunten: ¿Qué otra Corte hay en el mundo con cuatro jueces? ¿Qué otro país con códigos únicos no tiene casación nacional? ¿Qué otro país con control constitucional no hace que la jurisprudencia suprema sea obligatoria para todos sus jueces? ¿Qué otro país tiene una Corte que declara nula toda sentencia «arbitraria» sin que la Constitución Nacional la autorice? ¿A qué modelo de judicial se parece o responde el de la Argentina? A las cuatro primeras preguntas las respuesta es «ninguno», y a la quinta «a ninguno». Creo que es momento de ponerse a pensar».
Los principales puntos del pedido de juicio político a la Corte
1-La acusación contra los supremos es «por mal desempeño», en base al artículo 53 de la Constitución Nacional.
2-Se afirma que los últimos fallos de la Corte sobre la coparticipación federal y aquel que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura ponen “en jaque al sistema republicano de división de poderes”, dejan “en riesgo” al estado de derecho y “afectan seriamente la gobernabilidad y estabilidad institucional”.
3-“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por los doctores Horacio Rosatti, quien ejerce la presidencia del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional”, dice el texto.
4-Señala que en el fallo sobre la coparticipación, los cuatro integrantes del tribunal dictaron «una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
5-También cita los chats que desataron el escándalo institucional dentro del Poder Judicial y que revelaron la relación directa entre miembros íntimamente allegados a la Corte y funcionarios de Juntos por el Cambio en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. «Los chats publicados ilustran que Robles, en representación de Rosatti, indicó a D’Alessandro cómo debía proceder la alianza opositora en el Congreso de la Nación, a los efectos de poder obtener de esa ilegal manera una mayoría propia en el Consejo de la Magistratura», afirma el proyecto.
6-«Es claro que Rosatti, en su inconfesable vocación cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal según la cual (…) asumió en primer lugar y de forma irregular la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, órgano de carácter constitucional, a través de un fallo judicial que resucitó una ley expresamente derogada por el Congreso de la Nación y, finalmente, a través de otros fallos y acordadas manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas», dice el proyecto.
7-Además, se menciona una frase lanzada por Rosatti en el discurso de cierre del XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales. Allí el presidente de la Corte expresó que toda reforma del Poder Judicial de la Nación deberá contar, necesariamente, con la aquiescencia de ese Poder, algo que los diputados oficialistas interpretan como «una amenaza y un condicionamiento a los otros Poderes gubernamentales».
8-Entre los cuestionamientos a los jueces también están el fallo para declarar aplicable el cómputo conocido como «2×1» para un represor y una serie de «incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
