La operación frustrada reconoce tres momentos históricos: 1979, en plena dictadura cívico-militar, cuando Pou era un joven y promisorio economista; 1995, cuando era vicepresidente del Banco Central; y 2005, cuando por carta documento intentó cobrar la supuesta deuda original de 7,5 millones de dólares, que con intereses de un cuarto de siglo trepaba a 59.379.147 dólares.
Pou fue procesado, y sus bienes embargados en 500 mil pesos, por “haberse aprovechado de la firma inserta por Domingo Nicolás Catena en una hoja donde exteriorizó su voluntad de participar en la constitución de una fundación, y utilizarlo para garantizar un reconocimiento de deuda en su favor, presentándolo en la justicia comercial para lograr la quiebra del accionante”.
Según explica el fallo de la Sala Quinta de la Cámara del Crimen, firmado por los jueces Mirta López González, Gustavo Bruzzone y Marcelo Lucini, en 1979 el empresario Catena y sus tres hermanos suscribieron “una autorización de venta de acciones de diversas sociedades dedicadas a la industria vitivinícola”. El comprador iba a ser el Grupo Greco que, “con la ayuda del Banco Los Andes, intentaba monopolizar la industria del vino… Se acordó que el precio de venta de las acciones sería por U$S 150 millones. Sin embargo, el comprador no podía abonar todo al contado.”
Se vendieron siete paquetes accionarios, de un total de diez. Luego cayó el Grupo Greco. Y Pou, que recibía sus honorarios por paquete vendido y cobrado, no percibió los últimos tres pagos, porque la venta no se hizo.
En abril de 1990, Pou reclamó “los estipendios correspondientes” a esos tres paquetes, pero Catena respondió que no tenía deuda alguna. Cinco años más tarde, ya instalado en el BCRA, Pou “le ofreció a Catena crear una fundación que tendría por objeto el análisis de los problemas económicos y políticos del país y la promoción de debates sobre sus posibles soluciones”. Firmaron una suerte de carta de intención para la Fundación que nunca se constituyó. Pero en ese papel aparecieron agregados (párrafos dactilografiados: se usó la máquina de escribir de un escribano) en que se reconocía la supuesta deuda por parte de Catena. Según Pou, se habría firmado de común acuerdo en Entre Ríos, adonde había viajado con Catena para realizar una operación agropecuaria.
Pou había sido sobreseído en esta causa, pero la Cámara de Casación anuló el fallo y reorientó la investigación, que ahora terminó con el ex titular del BCRA procesado por un delito para el cual se contemplan penas de entre un mes y seis años de prisión.
La Cámara explicó el procesamiento en “las irregularidades que presenta el instrumento cuestionado y que, claramente, generan suscriptos, una sensación de falsedad”. “Es a todas luces inusual, informal y desprolija la forma en la que se instrumentó tal reconocimiento -basta con sólo mirarlo- y absolutamente extraño el lugar que se eligió para hacerlo. Las irregularidades son tantas que hasta difieren los montos de las cuotas consignadas en letras y números”, añadió. El fallo resume que “Pou deberá responder como autor del delito de tentativa de defraudación por abuso de firma en blanco”, mientras que Miguel Luis Galli (el escribano que certificó las firmas) deberá hacerlo por el delito de falsedad ideológica.
