Según el proyecto, personal de Prefectura Naval “habría intervenido en el operativo de seguridad exterior del evento a través de personal asignado para la prevención, a quienes se habrían sumado también otros veinte efectivos que participaron prestando servicios adicionales”.
Al avanzar sobre las responsabilidades de la ministra, se le atribuye haber “intentado interferir en el curso de la investigación acusando a personal del juzgado” de Sebastián Casanello (a cargo de la causa) “de indicar a los prefectos que durante la fiesta no se moleste a los chicos”. Interpretan los legisladores del FpV que tal actitud “sugiere el respaldo de la ministra a la inacción de los prefectos intervinientes en el operativo, cuando es sabido que la venta de drogas sintéticas ocurre regularmente en esta clase de fiestas”.
“No es la primera vez que la ministra Bullrich prioriza defender al personal de las fuerzas en episodios sumamente confusos, sin antes preguntarse por la posible responsabilidad de los efectivos en la comisión de un delito”, agrega el proyecto, que infiere que el prefecto Alberto Pandiani “debería haber actuado en el momento en que llegó a su poder una bolsa llena de sustancias estupefacientes (a las 3 am)”, en lugar de esperar “16 horas” para comunicarse con las autoridades judiciales.
