El actual cardenal fue quien lo investigó al cura acusado de abusos, tomó declaración a las víctimas y después resolvió prohibirle el ingreso a la diócesis. Su sucesor recibió en 2010 una carta firmada por ocho sacerdotes, en la que le exigieron que diera intervención a la Justicia.
El cardenal, por haber sido la autoridad máxima que supo en 1995 de los abusos, atribuidos a Ilarraz mientras fue prefecto de disciplina del Seminario Menor, entre 1985 y 1992; Maulión, por haber sido puesto en conocimiento de los hechos, en 2010, a través de una carta sumamente dura y reveladora que pusieron en sus manos un grupo de ocho sacerdotes de la diócesis, integrantes del denominado Decanato III.
A pesar del estrecho conocimiento que tuvieron del caso, ninguno de los dos dio intervención a la Justicia, según la opinión de la querella.
El abogado Marcos Rodríguez Allende, uno de los querellantes en la causa contra Ilarraz en representación de una de las cinco víctimas que ya testimoniaron en la Justicia, sostiene que hay suficientes elementos de prueba como para pedir la imputación de los dos arzobispos.
“Voy a hacer una presentación pidiendo la imputación de los dos, que a mi criterio son los que tienen mayor grado de responsabilidad en estos hechos. Corresponderá al juez calificar la figura penal. En lo que a mí respecta, voy a dar los fundamentos necesarios que avalan mi solicitud. Karlic tuvo una participación importante en los hechos, más allá del encubrimiento”, dice Rodríguez Allende.
Se refiere expresamente a la investigación diocesana que ordenó realizar el ahora cardenal en 1995, tarea que recayó en el abogado sacerdote Silvio Fariña Vaccarezza. Aunque el propio Karlic tuvo una participación directa: el 9 de julio de 1995, a las 5 de la tarde, recibió en persona en la residencial episcopal de la Costanera Alta el testimonio de una de las cuatro víctimas que se atrevieron a contar el horror que vivieron mientras estuvieron como pupilos en el Seminario.
Los testimonios de las víctimas y los testigos, y la instrucción de la causa se extendió durante un año y medio. En diciembre de 1996, el propio Karlic resolvió aplicar una sanción leve a Ilarraz: expulsarlo de la diócesis. La pena se le aplicó a la distancia: en 1993 el arzobispo ya lo había autorizado al cura ahora acusado de pedofilia a irse a Roma a completar estudios en misionología.
Cuando concluyó su formación, en 1997, Ilarraz regresó al país, pero no a Paraná: por un tiempo abandonó el sacerdocio, y después consiguió que un obispo tucumano, Bernardo Enrique Witte, le diera acogida, y en el último tiempo prestó servicios de cura en la localidad de Monteros. No importó a la Iglesia de Tucumán el pasado pedófilo de Ilarraz. En todo ese tiempo, vivió en la más absoluta impunidad. Hasta que la Justicia comenzó a investigar los hechos ocurridos casi tres décadas atrás.
“Lo que quiero es separar las aguas en esta investigación –apunta Rodríguez Allende–: Karlic es exclusivo y excluyente responsable de la investigación que se hizo en 1995. Ordenó la investigación, hizo el sumario, participó en la toma de declaraciones a las víctimas, y además aplicó la sanción al principal involucrado y dio por sentados los hechos. En mi opinión, ahí está la base probatoria que lo incrimina”.
Se refiere así al decreto que firmó Karlic –hecho cardenal en 2007 por el papa Benedicto XVI—y por el cual se dieron por probados los hechos de abuso que se le imputaron a Ilarraz. El 18 de diciembre de 1996, Karlic resolvió, luego de escuchar los testimonios de las víctimas de los abusos, prohibirle a Ilarraz “venir y permanecer en el territorio de la Arquidiócesis de Paraná, así como tener comunicación de cualquier tipo con los seminaristas, mientras el Tribunal del Vicariato de Roma sustancie el proceso y decida en el juicio que se le sigue a raíz de esta conducta”.
“Esta conducta”, como dice el texto de la disposición oficial de la Iglesia que ahora está en manos de la Justicia, surge de las declaraciones de las víctimas, que dejó demostrado “el daño producido a personas e instituciones”.
“Que ese daño producido, que debe ser reparado y evitado en el futuro, es consecuencia de la conducta del presbítero Justo José Ilarraz, ya que cuatro testimonios en forma unánime así lo afirman”, añade.
Respecto de la actuación del sucesor de Karlic al frente de la Iglesia de Paraná, el ahora emérito Mario Maulión, Rodríguez Allende afirma que también le cabe la imputación por las responsabilidades que tuvo en no denunciar los abusos a la Justicia. “Maulión no se pudo hacer el distraído, más después de haber recibido una nota firmada por ocho curas en la que lo ponían al tanto de los hechos. En esa carta, le exigieron que tomara medidas, y no hizo nada”, asegura el abogado.
Esa carta fue firmada por los sacerdotes que integran el denominado Decanato III de la diócesis de Paraná –que se divide, administrativamente, en nueve decanatos—y que integran las parroquias Nuestra Señora de Luján, Santa Ana, San José Obrero, San Francisco de Borja, San Benito Abad, Santa Ana (de Aldea María Luisa), Inmaculada Concepción (de Villa Urquiza), Santa Lucía, Jesús Maestro y Señor de la Humanidad (de Oro Verde), Nuestra Señora de Pompeya y Santo Domingo Savio.
Fue presentada el 15 de septiembre de 2010 y puesta en manos de Maulión, y en el texto dieron cuenta de la “creciente notoriedad” del caso Ilarraz, quien fuera formador de aspirantes al sacerdocio en el Seminario de Paraná.
Y se mostraron preocupados por el hecho de que el sacerdote siguiera ejerciendo el ministerio, aún en medio de las sospechas y las denuncias, con la posibilidad de seguir repitiendo esos abusos.
Más alarmados se mostraron al comprobar la falta de abordaje por parte de las autoridades de la Iglesia del tema, sin siquiera existir una sanción canónica ni una denuncia judicial.
Eso los llevó a plantear al arzobispo Mario Maulión la preocupación respecto del silencio, actitud que podría ser interpretada por los fieles como un acto de encubrimiento.
Entonces, ya anticipaban que, tarde o temprano, el escándalo ganaría la luz pública. Y que alargar el silencio provocaría más daños a la propia Iglesia. No consiguieron que el caso se ventilara públicamente y se lo llevara al cura ante los estrados judiciales.
Eso ocurrió recién en septiembre último, y por acción de las propias víctimas, que dieron lugar a la apertura de una causa caratulada “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agrada”, que tramita el juez de Instrucción Alejandro Grippo.
Por ahora, la investigación está en su fase preliminar, aunque ya ha conseguido salpicar a buena parte de la cúpula eclesiástica local.
