En la presentación, que está dirigida contra la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud y Acción Social, reclamaron que se realice una inspección en el hospital, así como una audiencia de conciliación obligatoria “urgente” con la presencia del secretario Mario Elizalde y el ministro Gustavo Bordet.
En la denuncia, aclararon que hasta la fecha “se han abstenido de llevar adelante medidas de fuerza”, a fin de no afectar el servicio esencial de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, pese a que sus reiterados reclamos “han sido sistemáticamente desoídos”.
Sin embargo, advirtieron que “se ha llegado a una situación extrema donde, de no regularizarse la situación laboral, se verán impedidos de continuar prestando su fuerza laboral, resultando directamente afectados por tal medida, terceros ajenos totalmente al conflicto”, resaltaron.
Privados de derechos
Desde un primer momento la relación laboral entre estos profesionales y el Estado provincial “fue totalmente irregular e informal, habiendo transcurrido más de ocho años sin que la situación haya sido regularizada por parte del empleador”, resaltaron en la denuncia.
Pese a que entre las partes existe una relación de índole laboral, con todas las características legales –continuidad, relación de dependencia técnica y económica, pago como contraprestación de la fuerza laboral– el Estado “se ha negado sistemáticamente a formalizar el vínculo”, agregaron.
También mencionaron que hubo reiterados reclamos, pero no se les ha reconocido el cargo que detentan y cuyas funciones cumplen a diario, “generando de tal manera una situación de absoluta desigualdad frente a los restantes colegas que se desempeñan en el referido nosocomio, y en las restantes reparticiones de la Secretaría de Salud”.
Por esta situación, denunciaron que están privados de los derechos a la estabilidad del empleado público; a licencias pagas, actualización salarial, salario familiar, ayuda escolar y demás cargas sociales; al Sueldo Anual Complementario; al adicional por antigüedad y a los aportes jubilatorios, lo que les genera un “grave perjuicio a futuro ante la imposibilidad de acceder a un beneficio previsional”.
Además, aseguraron que “los pagos son realizados en forma absolutamente irregular, dependiendo exclusivamente de la predisposición del director del nosocomio de turno, llegándose a adeudarles en algunas oportunidades hasta tres meses o más de salarios”.
En ese sentido indicaron que perciben un monto correspondiente a guardias pasivas, cuando “en la realidad de los hechos las guardias son, y necesariamente deben ser así, prestadas en forma activa”, por la Resolución Nº 2.518/05 de la Secretaría de Salud.
Para que se acredite la irregular relación laboral existente, solicitaron que se realice una inspección en el hospital por parte de la Oficina de Policía del Trabajo. Y que se inicien actuaciones sumariales para aplicar las sanciones previstas por ley.
También exigieron que “con carácter de urgente”, se fije una audiencia de conciliación obligatoria, con la participación de Bordet y Elizalde.
