Un proyecto similar fue aprobado hace poco tiempo pero fue vetado por el Ejecutivo por cuestiones formales. “No había una correlación en los artículos. Uno en el armado de este tipo de ordenanzas por ahí peca en estos errores”, dijo la presidente del bloque de concejales del PJ. Marcela Sbresso, autora del proyecto. Por ese motivo, reelaboraron el proyecto junto con su par, Gloria Warner.
“El espíritu sigue siendo el mismo y coincide con la regulación nacional de este tema que fue posterior a la primer presentación”, aclaró la edil. Lo más importante es la capacitación que debe ser dictada por instituciones de enseñanza. En tal sentido el proyecto señala que los cursos deben contemplar temáticas tales como: Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal, Mediación, Adicciones, Primeros Auxilios, etc.
Más adelante, se establece que para ser “patovica” se necesita certificado de antecedentes penales y reincidencia carcelaria, certificado de aptitud psicológica y ser empleado bajo relación de dependencia.
Sbresso aclaró que debe ser contratado por el propietario del lugar o con una empresa que se dedique al rubro. “Les estamos pidiendo trabajo en blanco”, aclaró la edil. Si bien aclaró que no han estudiado con profundidad la situación laboral en general de la actividad, expresó: “trabajo en negro encontramos en todas las actividades”.
Por otra parte, se deja establecido que no pueden ser encargados de seguridad privada personal en actividad de fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia. “Si van a estar como seguridad, deben estar uniformados, identificados y cobrando el adicional que corresponda”, aclaró la edil.
Además Sbresso aclaró que hay cuestiones que “puede realizar un policía que no puede uno de seguridad privada” en referencia al uso de armas de fuego. Tampoco pueden hacerlo personal exonerado de alguna fuerza, condenado por delitos de lesa humanidad ni condenados por delitos con penas superiores a tres años de cárcel.
De aplicarse lo reglado en el artículo 10º, el estereotipo del “patovica” que sólo resuelve las situaciones por medio del uso de la violencia, en forma desmedida muchas veces, que predomina en la sociedad cambiaría radicalmente. El artículo impone “dar un trato igualitario respetuoso y amable”, mantener “condiciones objetivas de admisión” y no discriminar, “auxiliar a las personas heridas” y “cumplir el servicio respetando la dignidad de las personas y protegiendo su integridad física”.
Además deben estar identificados. Para ello deben obtener un carnet profesional donde consten sus datos. La credencial debe ser expedida por el municipio que deberá llevar un registro.
“En la nueva normativa se aclara más cuales son las sanciones”, dijo la titular del bloque. Las más leves implican la suspensión temporaria de los empleados y multas tanto para los “patovicas” como para sus empleadores. La más grave, la revocación de la licencia por cinco años para el empleado y la clausura del establecimiento.
Por último, la concejal aclaró que la normativa no surgió por problemas suscitados en la ciudad. “No quiero que se cree la falsa noción de que esta ordenanza se comenzó a trabajar porque hubo problemas. Se comenzó a trabajar para que no haya problemas viendo los problemas que hay en Buenos Aires. Uno lo que pide es que no haya problemas en su ciudad”, explicó.
