Las mismas fuentes precisaron que la resolución será recibida por la embajadora Susana Ruiz Cerrutti, titular del área legal de la Cancillería, la designada secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, dos de las funcionarias que expusieron los argumentos argentinos en las audiencias del 8 y 9 de junio en La Haya.
En aquellas exposiciones, la Argentina argumentó que si continuaran las obras, las papeleras tendrían un «daño irreparable» en el ambiente y volvieron a criticar a Uruguay por haber autorizado la construcción de las pasteras de manera unilateral.
Uruguay, por su parte, arguyó que un freno a las obras «sería catastrófico» (las papeleras son la mayor inversión en la historia del país vecino) y que, en contra de las advertencias argentinas, las plantas de celulosa no representan «ninguna amenaza actual, ni inminente, de causar daños con carácter irreversible».
Después de las audiencias, sin embargo, las dos empresas que levantan las pasteras a orillas del río Uruguay produjeron novedades. Mientras que la española ENCE anunció la paralización de sus obras hasta noviembre, la finlandesa Botnia debió frenar la construcción tras una inspección del Ministerio de Trabajo uruguayo que detectó irregularidades en una de las grúas que se usan en las obras.
Además de la medida cautelar, la Corte de La Haya debe resolver el fondo de la cuestión, es decir, la demanda de la Argentina contra Uruguay por presunta violación del Estatuto del Río Uruguay, que ambos países firmaron en 1975.
