De lo contrario, las fábricas de celulosa que ENCE y Botnia ya empezaron a levantar frente a Gualeguaychú seguirán su curso. Y Argentina habrá fracasado en la primera parte de la demanda que promovió contra su vecino ante el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas.
La Corte funciona en Holanda. De fondo, lo que Argentina pretende es que el Tribunal declare la responsabilidad internacional de Uruguay por incumplir un tratado que los dos países firmaron en 1975 para preservar el río fronterizo. Pero teniendo en cuenta que el proceso puede demorar hasta cinco años, el Gobierno aspira a que mientras tanto —como medida cautelar— las fábricas se queden como están.
ENCE, de capitales españoles, no empezó con la parte principal de sus obras; la finesa Botnia terminaría a fines de 2007. La suspensión voluntaria de los trabajos se barajó en marzo, cuando los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez estuvieron por retomar un diálogo quebrado. Nunca hubo acuerdo y los países del Río de la Plata siguen enfrascados en una crisis inédita.
Las audiencias ante la Corte por la paralización de las obras se celebrarán el 8 y 9 de junio en el Palacio de la Paz de La Haya. Los jueces son quince, todos de diferentes países, y anunciarían antes de fin de julio si hacen lugar o no al pedido argentino. La delegación nacional la encabeza Susana Ruiz Cerutti, consejera legal de la Cancillería; la uruguaya, Héctor Gros Espiell, experto en derecho internacional público.
Una medida cautelar es la que un tribunal dispone para impedir que se afecte el resultado de un juicio o para asegurar que el veredicto no se vuelva ilusorio. En este sentido, Argentina sostiene que las papeleras son altamente contaminantes y, entre los gases, los olores y el agua podrida, dentro de cinco años —cuando haya una sentencia definitiva— Gualeguaychú ya será un desastre.
La demanda presentada en La Haya dice: «La situación requiere sin ninguna duda la adopción de medidas de urgencia. Su continuación no hace más que agravar los perjuicios causados y tornará irrealizable el ejercicio de los derechos en cuestión». Para la Argentina, todo se origina en la presunta violación del Estatuto del río Uruguay en la que el gobierno uruguayo habría incurrido al cerrar los contratos con las fábricas pasteras sin tener al tanto del asunto a la Casa Rosada.
En declaraciones a la prensa de su país, Gros Espiell esbozó la defensa que hará ante en Holanda. «No hay derechos violados con carácter grave, inminente ni irreversible», afirmó,
Hay un dato concreto que podría jugar a favor de los demandados: esta Corte es renuente a conceder cautelares tal como son solicitadas. Un estudio publicado la semana pasada en la Asociación Americana de Derecho Internacional (ASIL Insight), un ex funcionario del tribunal (Pieter Bekker) detalló que sólo una vez en la última década el tribunal otorgó medidas de este tipo: en un pleito entre México y Estados Unidos por la aplicación de la pena de muerte (caso «Avena»).
