Los dos pasos están coordinados: la carta de Kirchner dice que «no corresponde» que el Banco Mundial libere fondos para financiar la construcción de las papeleras «en tanto exista una instancia judicial internacional abierta», según fuentes oficiales.
Taiana puntualizó que los funcionarios a su cargo trabajan a todo motor en la acumulación de pruebas y argumentos para completar la presentación judicial prevista para comienzos de 2007.
«Estamos en la preparación de la memoria para el 15 de enero. Fuimos a La Haya porque no pudimos solucionar la controversia en los organismos binacionales, porque entendimos que se violó el Tratado del Río Uruguay y no hemos podido obtener la información completa del funcionamiento de las plantas. La respuesta es que ciertamente sigue vigente la presentación», dijo Taiana en una conferencia de prensa con motivo de difundir la visita a la Argentina de la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Benita Ferrero Waldner.
Así, el encargado de las relaciones internacionales de Kirchner descartó de plano las versiones de que el país congelaría el litigio con Uruguay como un gesto para facilitar el diálogo.
Las especulaciones surgieron tras conocerse el pedido formulado por el Presidente al rey Juan Carlos I para que «facilitara» el diálogo con el gobierno de Tabaré Vázquez. Eso ocurrió en la Cumbre Iberoamericana que se desarrolló en Montevideo el último fin de semana.
El Gobierno tiene la mira en la planta Botnia, de capitales finlandeses. Kirchner entiende que se deben suspender las obras de esa compañía para realizar estudios ambientales independientes e irrefutables.
Ese es el sentido de la ofensiva sobre el Banco Mundial, pese a que el organismo ya difundió un informe ambiental positivo para la empresa. La carta de Kirchner busca apoyar la misión que inició en Washington la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti.
El caso de Botnia desvela a las autoridades argentinas. No así el de ENCE, la otra empresa que proyectó una papelera en Uruguay. Merced a gestiones del gobierno español, la Casa Rosada logró que ENCE dispusiera la relocalización de sus instalaciones. Cerca de Kirchner aspiran a que las gestiones de buenos oficios del rey Juan Carlos posibiliten una intervención política del gobierno finlandés sobre Botnia.
La Argentina fue la promotora de la presentación en los fueros internacionales con el argumento de que Uruguay violó el tratado del río al aprobar, de manera presuntamente inconsulta con la Argentina, la instalación de las plantas en el cauce de agua compartido.
