“La restauración de un mural que un grupo de militantes, vecinos y familiares pintaron sobre calle Ameghino llegó a los medios de comunicación y sensibilizó a un policía retirado, que eligió romper el silencio y contarle al periodista Mauricio Antematten lo que oyó ese día de 1994 en la Jefatura Departamental: que ambos jóvenes fueron detenidos por miembros de la fuerza de seguridad, quienes les quitaron la vida y se deshicieron de sus cuerpos”, indicó.
“La semana pasada tomó estado público la situación en la cual el mismo policía retirado se negó a reconocer ante un fiscal lo que había contado ante la cámara del periodista. A pesar de esa situación, ya se ha materializado una decisión del Ministerio Público Fiscal de desarchivar la causa y retomar la investigación, revirtiendo aquella decisión del Poder Judicial de enterrar en los archivos de tribunales el expediente con la caratula de “Búsqueda de paradero””, sostuvo Froidevaux.
“Es sumamente importante que las familias de Martín y Héctor sepan qué pasó con sus familiares y dónde están sus restos, como es trascendental también el acceso a la justicia para establecer las responsabilidades penales sobre lo que sucedió con estos dos ciudadanos hace ya más de 20 años”, indicó además.
“La oficina de Derechos Humanos de la provincia llama a todos a hacer uso de la memoria para poder aportar datos y pruebas a la investigación: los vecinos de la intersección de las calles Victoria y Salta, los del barrio La Floresta, miembros de las fuerzas de seguridad, periodistas, integrantes del Poder Judicial, ex funcionarios públicos o transeúntes, definitivamente todos. No hay nadie que haya vivido en Paraná en aquella época que no recuerde el caso, así como el peregrinar de las familias por tribunales y medios de comunicación”, añadió además.
“Estamos ante una contundente oportunidad de saldar una de las deudas de la democracia. Quienes deseen hacer su aporte pueden contar con acompañamiento y protección, tal como sucedió en 2012 con un testigo clave en la causa por la desaparición de Elías Gorosito, que permitió establecer responsabilidades y acreditar junto a otras pruebas la intervención de las fuerzas de seguridad en el hecho. Así se llegó a la condena a 12 años de prisión a los oficiales Lisandro Rodríguez, Diego Salvador y Jesús Salvador López, por encontrarlos “autores de un secuestro coactivo” en la desaparición de Elías Damián Gorosito. Sin embargo, aún no se conoce dónde está, por lo cual es necesario esclarecer el caso”, dijo Froidevux.
“Sabemos que la sociedad más justa, igualitaria e inclusiva que venimos construyendo y que pretendemos dejar como herencia a las generaciones venideras se tiene que construir sobre los cimientos de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Así como se viene desandando el camino de la impunidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, del mismo modo las instituciones de la democracia deben ir saldando las cuentas pendientes y cerrando las heridas que las políticas neoliberales abrieron en lo profundo del pueblo y del Estado de Derecho. El nivel de compromiso de los distintos sectores frente a esta nueva instancia de la investigación por Gómez y Basualdo es un termómetro que nos permite tomar conciencia del estado de salud colectivo, así como de los desafíos de lo que todavía es necesario transformar”, dijo por último.
