La medida de protesta se profundizará el próximo mes, debido a que serán dos días de huelga semanales: miércoles y jueves. Los estatales reclaman una recomposición salarial que alcance a todo el escalafón de la Administración Pública. Además, exigen la normalización de los servicios que presta el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y la inmediata sanción legislativa del Régimen Jurídico Básico, un cuerpo normativo que regula el ascenso e ingreso de personal en el Estado.
El reclamo salarial apunta a elevar el ingreso mínimo garantizado de los agentes públicos, que hoy está en 600 pesos, muy por debajo de los casi 800, que es el costo de la canasta básica que mide la línea de pobreza.
Al respecto, ATE reveló que no está satisfecho con la última recategorización que dispuso el Gobierno —los agentes del escalafón general que actualmente están en las categorías 10, 9 y 8 pasarán a la 6, mientras que lo que se hallan en la 7 y 6 pasarán a la 5— por cuanto, dicen, “achata todavía más el escalafón” al poner un techo, y no incluir a todo el personal en esa mejora.
“Es cierto que en parte trae algo de alivio a los bolsillos de los trabajadores, porque es un aumento, que si bien no es significativo sirve por lo menos para paliar la falta de aumentos. Pero tiene un costado negativo, ya que provoca un nuevo achatamiento en el escalafón, que ya se venía acentuando con la política del Gobierno de aplicar aumentos sobre los mínimos”, dijo ayer Arturo Godoy, secretario adjunto de ATE.
“Esta recategorización, así como se da, implicará en promedio un aumento de alrededor de 100 pesos, más que mejorar el escalafón, sólo trae alivio al bolsillo”, añadió a El Diario. Godoy sostuvo que la medida alcanza, sobre todo, al personal más rezagado, como son el personal obrero y maestranza, los auxiliares de educación y las cocineras.
