Congresales de CTERA de todas las provincias del país dispusieron la huelga de 24 horas, junto a otras acciones y jornadas de lucha, en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional docente, aumento salarial, cumplimiento de los acuerdos paritarios, continuidad de los programas nacionales socioeducativos, aumento del presupuesto educativo y en rechazo al impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores y cualquier intento de modificación del sistema jubilatorio.
La medida de fuerza estará acompañada en la provincia por acciones de lucha departamentales, que se definirán en cada Seccional de AGMER, con las que se repudiarán las medidas del Gobierno provincial que expresan el ajuste en Entre Ríos, así como las presiones ejercidas en las últimas semanas frente al plan de lucha dispuesto por nuestro sindicato.
Respecto del plenario de secretarios generales, el tema central será la demanda de recomposición salarial que se viene realizando al gobierno provincial. Los criterios para establecerla surgen de las definiciones que reiteradamente ha fijado la Comisión de Salario y Nomenclador del sindicato: 1) ratificar la lógica planteada en el tiempo de ‘a igual trabajo, igual remuneración’, 2) Aumento salarial en el Valor del Punto Índice y congelamiento de los códigos 06 y 172, 3) agregar el valor de punto índice equivalente a dos horas cátedra de secundaria al código 02 de los cargos iniciales como una forma de equiparar la carga laboral de dichos cargos en relación con las horas cátedra, 3) equiparación del “adicional para cargos directivos”, 4) devolución de la totalidad de los días descontados por huelga, etc.
Además, cualquier propuesta de recomposición salarial deberá tener en cuenta el seguimiento de las variables económicas y pérdida del poder adquisitivo del salario elaboradas por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA – CTA).
En su último informe de coyuntura, correspondiente a agosto de 2016, CIFRA advierte que “tanto la devaluación como la quita de retenciones y el tarifazo en los servicios públicos provocaron el nivel de inflación más significativo desde el inicio de las hiperinflaciones de 1989 y comienzos de 1990, siendo la variación de precios esperada del 45% anual y no del 25% como había sostenido el gobierno al comienzo de su gestión”. Y agrega que “ninguno de los convenios colectivos acordados por los sindicatos alcanzó la inflación anual estimada”.
